Gobierno argentino defiende nueva Ley de Abastecimiento

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, insistió hoy en la necesidad de aprobar la reforma de la Ley de Abastecimiento, que se someterá hoy a votación en el Parlamento, para defender "al pequeño y mediano productor y al consumidor" y sustituir a la actual norma, de 1974.

"Lo que esta ley hace es proteger al productor pequeño y mediano, y proteger al consumidor. Qué terrible que en Argentina exista tamaña distorsión de parte de grupos concentrados económicos y mediáticos que distorsionan, mienten descaradamente y establecen una interpretación marcadamente errónea", defendió Capitanich durante su rueda de prensa diaria.

En el mismo marco, los diputados votarán también la creación de un fuero del consumidor y un observatorio de precios, que al igual que la reforma de la ley de abastecimiento, fueron ya aprobadas por el Senado argentino a comienzos de mes.

Frente a quienes afirman que el proyecto "promueve la desinversión" y perjudicará el empleo, Capitanich aseguró que propiciará "todo lo contrario" y apuntó que la ley actual está vigente desde 1974.

"Quienes se expresan defendiendo a las grandes empresas son los que no dicen qué sucedería si esta ley se mantiene en vigencia como hasta ahora", dijo Capitanich, y añadió que "precisamente lo que hace es limitar la discrecionalidad".

"Nadie dice que esta ley está vigente desde 1974. Hoy hay carteles de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) que dicen que hace 40 años esperaban esto, porque las pequeñas y medianas empresas estaban excluidas", recalcó.

El proyecto logró este martes el visto bueno en las comisiones parlamentarias, también dominadas por el oficialismo, pese a las críticas de diversas cámaras empresariales, que sostienen que el proyecto de ley no cumple con los objetivos de la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, sino que establece la "intervención directa" del Estado en la economía y en las empresas.

La nueva Ley de Abastecimiento pretende regular las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo con el objetivo de evitar "abusos", según el texto.

Ante situaciones de desabastecimiento o escasez, el Gobierno podrá imponer la producción de bienes aún a pérdida de la empresa correspondiente (que podrá pedir una compensación) y se sancionarán las subidas injustificadas de precios y la acaparación de materias primas.

Quedan excluidas las pequeñas y medianas empresas por no tener una posición dominante en el mercado.

Los empresarios han advertido que recurrirán a la Justicia si el proyecto es finalmente aprobado por el Parlamento.