Frenar a los que se lucran del Estado

Se volvió costumbre que las empresas que contratan con el Estado, especialmente grandes obras de infraestructura, le apuestan más a terminar en una disputa en un tribunal de arbitramento, que a la entrega de  las obras pactadas. Los ejemplos son muchos y vemos cómo se pierden los escasos recursos en litigios y sanciones multimillonarias. Es un hecho elocuente que los contratistas invierten más en bufetes de abogados o departamentos jurídicos que en ingenieros que adelanten y terminen las construcciones. Por toda esta realidad, es loable la postura del superministro, Néstor Humberto Martínez, en hacer un llamado a los servidores públicos para que actúen con mesura a la hora de plasmar tribunales de arbitramento como mecanismos de resolución de disputas, que solo redundan en beneficio o precipitan  demandas en contra del Estado.

No está en juego la seguridad jurídica ni mucho menos la confianza inversionista, tal como se ha tratado de argumentar desde algunos polos contrarios al Gobierno Nacional. La realidad es que un puñado de abogados y firmas de derecho se están enriqueciendo por cuenta de malos pliegos, perversas licitaciones y toda una serie de componendas bien elaboradas para demandar al Estado y ganar dinero entre juzgados y tribunales. La directiva presidencial de proteger los intereses de la Nación, es el comienzo de una necesaria concienciación de que los dineros públicos son sagrados y que deben cuidarse. Oportunamente ha dicho el Gobierno que “hacia el futuro los tribunales de arbitramento dejarán de ser la instancia usual a la que acuden entidades estatales y sus contratistas para resolver las disputas, que tradicionalmente ascienden a miles de millones de pesos”, habrá nuevas instancias que ayuden a que los contratos se cumplan honestamente.

Dice el Superministro que “la suscripción de pactos arbitrales debe corresponder a una decisión de gerencia pública explícita, previa evaluación de la conveniencia de derogar en cada caso concreto la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa (...) No se trata de desconocer la importancia de los tribunales de arbitramento y las calidades de los árbitros colombianos (...) el juez natural de las actuaciones del Estado es el contencioso administrativo, y la regla no puede ser que casi todos los contratos oficiales se vayan por la figura del arbitraje”. Es un gran avance que debe ser aplicado con prontitud, pues con las millonarias entregas de obras por concesión y la cascada de alianzas público privadas que se vienen, debe haber mucha claridad sobre los riesgos que corren los servidores públicos cuando contratan con dinero del Estado y los contratantes no cumplen con sus funciones. Ojalá las cámaras no le ponga palos en la rueda.