miércoles, 23 de julio de 2014
El escándalo en Cali no se hizo esperar ante una muestra de discriminación racial que se habría producido desde el interior de la Clínica Farallones en Cali, donde se solicitaba mediante un clasificado de un medio local, los servicios de una cirujana de tez blanca.
El protagonista del ‘aviso’ es el médico Rómulo Guarín, que aunque tiene un consultorio subarrendado en el edificio de la reconocida clínica no forma parte del cuerpo médico de la institución, así se lo confirmó a LR, Carlos Hernán Rodríguez, defensor del pueblo en el Valle del Cauca. Dice Rodríguez que José Ramón Burgos, director de la organización de salud en la capital vallecaucana se ha mostrado “completamente indignado” por la publicación de su colega, y que aclara que los hechos no van en concordancia con las políticas de la entidad. “Desde la Defensoría del Pueblo del Valle, queremos expresar total rechazo frente a lo sucedido, en especial porque en la región la mayoría de habitantes son de la comunidad afro. Intenté comunicarme con el señor Guarín pero no he recibido respuesta de su parte. Hoy seguiremos insistiéndole para organizar una reunión e invitarlo a presentar excusas públicas por lo sucedido”.
En materia legal, asegura Iván Jaramillo, docente de derecho laboral de la Universidad del Rosario, que en estos casos el afectado podría acudir a una acción de tutela para que se le repare la violación al derecho fundamental explícito en el artículo 13 de la Constitución de 1991, que señala que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y por tanto recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
El experto en leyes explica que la acción legal serviría para obligar al culpable a rectificar, pero no habrían reparaciones económicas. Hasta el cierre de esta publicación, ningún ‘doliente’ que se haya sentido afectado por la publicación ha utilizado el recurso legal. Si a una persona la despidieran por su color de piel y se probara ante un juez discriminación la víctima tendría que ser reintegrada a sus actividades, reconociéndole además, los salarios que dejo de percibir durante el periodo en el que estuvo cesante.
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