• Natalia Arteaga

lunes, 24 de noviembre de 2014

A tres meses de que se destapara el denominado ‘cartel de los pañales’, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pone en evidencia una nueva cartelización, esta vez, del papel higiénico. En este nuevo incidente, vuelven a aparecer Familia, Kimberly y Drypers que se estarían ranqueando como las reinas de la infracción.

Ayer, el órgano de control le puso pliego de cargos a cinco empresas que venían fijando el precio del producto de aseo desde hace 15 años en el país. Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda, Drypers, Familia y Kimberly serían las responsables y de encontrarse culpables al final de la investigación, podrían recibir sanciones económicas de hasta $61.000 millones.

Contra la Resolución número 69518, por medio de la cual se formuló pliegos de cargos, no procede ningún recurso.

Es importante mencionar que el nuevo cartel, representa 88% del mercado de los papeles suaves o tisú en el país, que integran: papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, pañuelos y otros.

En 13 años , la industria habría movido cerca de $12 billones. Actualmente, dichos productos tienen un mercado superior a $1 billón anual, según la encuesta anual manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Hay implicados colaborando
Hasta ahora, la Superindustria cuenta con pruebas entregadas por tres de las cinco empresas que conformaron el cartel desde 1998. Pensando en recibir beneficios, las delatoras se acogieron al programa de colaboración ofrecido por la entidad dirigida por Pablo Felipe Robledo.

La primera empresa que tomó la decisión de entregar información privilegiada a la SIC tendrá como beneficio, la exoneración total (100%) de la eventual sanción que habría de imponérsele en caso de que se declare la existencia del cartel empresarial; el segundo delator recibiría 50% de reducción; y el tercero, 30%.

Para Luis Ángel Madrid, abogado experto en propiedad intelectual, este tipo de beneficios, habrían motivado a los participantes a llegar a acuerdos con la Superindustria.

“La Ley 1340 de 2009 ofrece más beneficios a los colaboradores que brinden información eficaz a la autoridad y creo que eso, fue lo que llevó a las empresas a entregar información”.

Dice Juan Carlos Martínez, docente de propiedad intelectual de la Universidad de la Sabana, que las compañías incurren en este tipo de prácticas que violan la ley, porque ahí encuentran mayor eficacia en el mercado. “Garantizan la exclusión de otros competidores y establecen reglas artificiales con las que van a afectar ilegítimamente el mercado. Con dicha cartelización, los empresarios no hacen mayores esfuerzos para satisfacer sus ventas y contrario a ello, el consumidor sufre por pagar precios altos con productos, que no necesariamente, tienen la mejor calidad”.

Directivos enfrentarán el proceso
A la investigación de las compañías papeleras, también se suman 42 personas naturales que habrían tenido responsabilidad en las conductas anticompetitivas que violan las normas de la libre competencia, por estar, entre 1998 y 2013 en un cargo directivo de las firmas involucradas. Darío Rey Mora, gerente general de Familia, Luis Fernando Palacio González, director de Kimberly, César Augusto Solano Velandia, gerente comercial de Papeles Nacionales, Jimmy Levy Appel, miembro de la junta directiva (segundo suplente del gerente) de Papeles Risaralda y Sebastián Barros Dominguez (2010-2012), ingeniero de costos de Drypers Andina, son cinco del grupo de directivos que habrían facilitado, autorizado o tolerado la presunta cartelización. Cada directivo podría llegar a pagar hasta $1.232 millones (2.000 salarios mínimos).

Dice el comunicado de la SIC que los carteles empresariales constituyen, según la doctrina internacional, la conducta anticompetitiva más reprochable en materia de libre competencia, por cuanto aumentan injustificadamente los precios que los consumidores pagan por la adquisición de los productos o servicios, e impactan en materia grave el funcionamiento eficiente de los mercados, afectando en mayor proporción, la población más vulnerable y de menores ingresos. De acuerdo con cálculos del Dane, en el país hay 8 millones de hogares y 30 millones de personas que usan papel higiénico. Explica Martínez que si bien es cierto que las personas jurídicas son las que enfrentan mayor responsabilidad, hay que tener en cuenta que los directivos son los que definen dichas estrategias ilegales. “Una compañía funciona como un vehículo , y es conducida por empresarios que están detrás de la organización, tomando decisiones y ejerciendo control sobre lo que sucede en ella. Por último pienso que a medida que la SIC se siga fortaleciendo y se aparte de intereses particulares como ha venido ocurriendo se seguirán encontrando nuevos carteles que deberán asumir la reponsabilidad de violar el Artículo 333 de la Constitución Política”.

¿Qué dice la OCDE?
Sobre los carteles empresariales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) ha señalado que “los carteles son las más escandalosas violaciones de las normas de competencia y perjudican a los consumidores en muchos países a través del incremento en los precios y de la restricción de la oferta, haciendo los bienes y servicios completamente inaccesibles para algunos compradores e innecesariamente costosos para otros”.

En cuanto al cartel de los pañales, la SIC aseguró que todos los responsables fueron notificados y que están en la fase de descargos.

Las Opiniones

Juan Carlos Martínez
Docente de propiedad intelectual de La Sabana
“Estas prácticas garantizan a los empresarios la exclusión de otros competidores y establecen reglas artificiales con las que van a afectar ileigitimamente el mercado. Con dicha cartelización, las compañías no hacen mayores esfuerzos para satisfacer sus ventas, afectando al consumidor”.

Luis Ángel Madrid
Abogado experto en propiedad intelectual
“La Ley 1340 de 2009 está ofreciendo más beneficios que en el pasado a los colaboradores que brinden información eficaz a la autoridad. Eso, seguramente, fue lo que llevó a las tres empresas delatoras a entregar pruebas a la Superintendencia de Industria y Comercio”.