miércoles, 30 de julio de 2014
Los políticos desde sus espacios de opinión, también promueven movimientos populares para que se rechacen la actividades extractivas en los territorios. Se busca que las industrias minera y petrolera no tengan posibilidad alguna de afectar áreas ambientalmente sensibles, lo cual parece loable. Sin embargo, encuentra uno inconsistencias en estos planteamientos cuando evidencia que poco o nada se dice respecto de la extracción ilícita de minerales en estas mismas áreas, o cuando los atentados contra la infraestructura petrolera causan derrames con consecuencias gravísimas para el medio ambiente.
Sin embargo, es necesario reconocer también que todavía hay medios que sí permiten conocer otras versiones de una misma realidad. En una fecha reciente el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga dedicó un espacio importante a tratar la grave problemática que se tiene en el departamento, específicamente en los municipios de Vetas y California, donde las empresas mineras formales ya se fueron o están listas para hacerlo, mientras los llamados “galafardos” invaden de manera masiva las zonas dejadas por las empresas.
Allí es evidente que el negocio minero puede ser bueno, en especial, cuando no debe invertirse en seguridad e higiene mineras, pago de salarios justos, aportes parafiscales y seguridad social, ni tampoco en estudios y planes de manejo de impactos ambientales o sociales. Dice el diario lo siguiente:”Mientras una persona de clase media alcanza a ganarse mensualmente entre un salario mínimo ($616.000) y $1.500.000 como empleado, en California la vida es a otro precio: un ‘galafardo’ puede ganarse $2 millones en una semana. Hay quienes rumoran que las ganancias ascienden hasta los $150 millones semanales, todo depende de la suerte que tenga cada persona, pero ninguno se atreve a sostener un valor exacto, por temor a que más habitantes lleguen a extraer el oro, ese mineral que el californiano considera de su propiedad únicamente, por estar en sus montañas.”
Lamentablemente, los avances en las comunicaciones, por la existencia de la internet, el twitter y las demás formas de redes sociales, han hecho que no solo los habitantes de estos territorios, sino personas venidas de otros departamentos, hayan encontrado su futuro en la minería del oro en el Páramo de Santurbán. La provincia de Soto Norte vive una verdadera “fiebre del oro”. Se denuncia en la nota de prensa que existen posibilidades de empleo en diversas actividades pero que “la gente no quiere trabajar, en ningún pueblo, con los alcantarillados, con el gas natural, la gente no quiere tomar esas opciones y lo que quiere es venir y sacar unas libras de oro” como lo explica uno de los alcaldes de la zona. El dinero fácil y a cualquier precio es lo que impera en la región y no pareciera haber solución pronta ni fácil.
Cabe preguntarse entonces ¿qué hacer con esta problemática? ¿está siendo efectiva la política pública en materia de protección de las áreas ambientalmente sensibles? ¿cómo controlar la expansión de estos fenómenos a otras zonas del país?
Lo anterior, sin contar con que, como lo señalaba el señor Viceministro de Defensa, el 45% de la cocaína está siendo incautada por la fuerza pública, lo que ha hecho que los delincuentes, ya no los mineros informales, emigren a la actividad minera como otra fuente de financiamiento de sus actividades ilegales.
Como si fuera poco vemos además que existen movimientos autodenominados “populares” que promueven el retiro de las empresas mineras de ciertas áreas, pero que no ejercen la misma presión frente al avance de la extracción informal en esas zonas. Estos mismos son quienes insisten en el cierre de la ventanilla por parte de la Agencia Nacional de Minería para el otorgamiento de nuevos contratos de concesión, alegando que no hay institucionalidad que controle la minería formal, pero no se quejan de ello cuando se trata de procesos de formalización de mineros y el avance de la minería informal y criminal.
Otros grupos de manera vehemente denuncian, que la industria minera formal y la industria petrolera, “causan perjuicios irreversibles en los territorios” y se reclama solidaridad nacional e internacional para enfrentarlas. No consideran que existan problemas respecto de la extracción ilícita o con los atentados contra la industria petrolera en el departamento del Putumayo. Mientras tanto, solo cabe hacer una invitación para que el Estado reflexione e intervenga de manera directa, de tal forma que toda medida administrativa o legislativa, sea coherente con sus políticas públicas y con la realidad de la situación en las regiones. Debiera ser claro que las medidas de control deben ser también para la extracción ilícita y que los perjuicios causados al medio ambiente por los derrames de petróleo, no deben ser atribuidos a la industria petrolera. Por último, definir qué tipo de actividades extractivas son las que más convienen al conjunto de los colombianos y promover que así sea.
