Estos son los 13 proyectos de cuarta generación que deberían ir como obra pública

El modelo de Alianza Público Privada (APP) no sirve para la etapa de construcción de 13 vías de Cuarta Generación de Concesiones (4G) aunque el mantenimiento de esas mismas obras sí se podría hacer con alianzas público privadas. Esta será la conclusión que en los próximos días presentará la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en un informe ante el Congreso de Infraestructura que se realiza en Cartagena.

Los proyectos a ejecutar por obra pública serían seis de la segunda ola 4G y siete de la tercera ola entre los que se encuentran Autopista al Mar 1, Río Magdalena 1, Bucaramanga- Pamplona, Cúcuta- Pamplona, entre otros. (Ver gráfico).

La inversión total de estas 13 obras sería de $19,5 billones que corresponden a un monto anual de 0,3% del PIB.

La participación financiera del sector público en los proyectos de infraestructura 4G es de 70% de capital en promedio, sin embargo, para algunos planes viales particulares la cifra se incrementa a 90% de participación.

“Aunque el ideal es que el privado ponga el 100% del capital y lo recupere vía peaje, en el caso de las vías 4G no alcanza el dinero. Es por ello el Estado ayuda a financiar los proyectos con vigencias futuras”, explicó Ana Carolina Ramírez, directora de estudios económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Las obras a través de Asociaciones Público Privadas (APP), entonces, saldrían más costosas pues el Gobierno pagaría los recursos a pesos futuros, además, el sector privado tendría que pagar a la banca tasas altas, entre 7% y 9% dependiendo del riesgo del proyecto y de sus características principales. Por eso la propuesta de Anif es que se construya por obra pública y hacer la concesión solo para la operación y mantenimiento. Sin embargo, la posibilidad entre hacer los contratos por obra pública o por APP abre nuevamente el debate de si la infraestructura del país volvería a tener los mismos problemas del pasado como el histórico retraso en construir las obras o las adiciones de dinero al menos cuatro veces más de su valor inicial, entre otros.

Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, asegura que “la experiencia en Colombia es que la obra pública ha resultado siempre más costosa por las re-negociaciones y las ineficiencias en los procesos de contratación. Justamente, por los problemas para hacer contratación pública el Gobierno tomó el modelo de APP”. Una de las cosas positivas de la ley de APP fue que el Estado solo desembolsaba el dinero cuando la obra está terminada, un apartado que ha funcionado para superar en parte los problemas de contratación en infraestructura. No obstante, las situaciones como la compra de predios, las consultas previas, las licencias ambientales siguen siendo un dolor de cabeza para los constructores, incluso después de la ley de infraestructura que se aprobó el año pasado.

José Miguel Otoya, presidente Cardinal Seguros, opinó que “el reto más importante en 4G sigue siendo el problema de cualquier obra de infraestructura en el país: mientras el Gobierno no resuelva el tema de consulta a comunidades y licencias ambientales, sigue habiendo un riesgo para la inversión privada en estos proyectos”.

La discusión vuelve así al punto inicial. En teoría, los constructores tienen que recuperar el dinero que invirtieron en la obra junto con el rendimiento del dinero, pero para que eso pase el Gobierno tendría que mitigar los riesgos de construcción. El riesgo de la financiación está en manos de los privados, es decir, ellos tienen que conseguir los recursos para apalancar las obras. Mientras que, los bancos no están dispuestos a prestarles a los constructores por el riesgo constructivo de las obras (licencias, etc). Así el patrimonio se vuelve limitado y las tasas de interés suben. No obstante, una de las restricciones de hacer los proyectos por obra pública es la limitación en los recursos estatales tal como lo señala Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Los proyectos a través de la obra pública requieren 0,3% del PIB anual, recursos que no se tienen por problemas como el desplome mundial del petróleo, el hueco fiscal que tiene que cubrir el Gobierno, la disminución de la producción de hidrocarburos entre otros.

La inversión de la Cuarta Generación será la cuota inicial para superar el rezago de la infraestructura del país tal como lo dice la CCI y como lo refuerza Fedesarrollo cuando dice que la inversión en infraestructura tiene que llegar al 3% del PIB anual.

¿De dónde podrían salir los recursos para las vías?
La solución para conseguir recursos es que se haga una reforma tributaria estructural, que aumente el recaudo por lo menos $2 billones al año para gastar en infraestructura. “Los estudios que presentaremos en este Congreso uno realizado Fedesarrollo y otro por Anif concluyen que todo el financiamiento del sector depende no solo de una reforma tributaria estructural que vaya acompañada de racionalización del gasto, control a la evasión y la necesidad de flexibilizar la regla fiscal para financiar infraestructura en los próximos años”, asegura Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI.

Las Opiniones

Luis Fernando Andrade
Presidente de la Ani
“Hay dos restricciones, no hay dinero para obra pública y las regiones no están dispuestas a esperar 10 años hasta que existan recursos”.

Juan Martín Caicedo
Presidente de la CCI
“Todo el financiamiento del sector de infraestructura depende de una reforma estructural de largo aliento”.

Alejandro Vera
Vicepresidente de Anif
“El estudio está embargado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura. En el Congreso se va a divulgar”.