Entre la posverdad y la posventa

Cuando se firmó el nuevo acuerdo de paz, que sin lugar a dudas tiene temas novedosos en materia de justicia y de reparación de víctimas, pensaba en la baraúnda que armó el Centro Democrático y su inefable director, por su deseo, no satisfecho, de impedir la participación en política de las Farc. Sin el ánimo pendenciero de los nihilistas del Plebiscito, podemos afirmar, so pena de ser excomulgados, que no hay ninguna razón de orden lógico para que una guerrilla sublevada contra el establecimiento, deponga las armas, acepte el orden contra el cual se reveló, capitule sin haber sido derrotada militarmente y se le imponga la imposibilidad de obtener en el campo político lo que no pudo obtener en el campo de batalla. 

Las Farc llegan al peor escenario político. El clientelismo de viejo cuño migró a la compraventa pura y dura que, como si fuera poco, se suma a la nueva tendencia de erradicar totalmente la verdad y la razón en el proceso de construcción democrática.  

Desde 1992, algunos escritores norteamericanos habían venido hablando de la nueva política de la posverdad, hasta cuando The Economist, el semanario londinense, patentó este neologismo para definir esa nueva tendencia que elimina el argumento racional y el análisis, armas legítimas de la persuasión y del convencimiento, dirigidas a la razón o al sentimiento para obtener el respaldo del público y generar procesos de opinión, afincados en el diálogo y en la interlocución. Lo novedoso es el monólogo que no raciocina; pontifica, exacerba, incita al odio, a la revancha, a la exclusión, buscando siempre los responsables del desastre en sectores débiles o debilitados por su sobreexposición al poder y a los medios. 

Los nuevos profetas de la posverdad no buscan generar opinión ni propuestas de superación general; el objetivo es crear una tribu con mentalidad endógena de defensa frente a las amenazas externas, infundiendo misticismo alucinante alrededor de la religión, el nacionalismo y el racismo.

En Colombia es claro que esa tendencia llegó para permanecer y encontró el terreno abonado para aglutinar una tribu que no necesita razones sino afirmaciones ciertas o falsas, pero impactantes, para defenderse, blindarse, y castigar de paso a los impíos, culpables de nuestras frustraciones y fracasos económicos y sociales.

El proceso político nuestro, tiene además otros componentes. Aquí nos hemos venido diciendo mentiras sobre el régimen electoral colombiano. Todos sabemos que este sistema se corrompió cuando los partidos eliminaron el amojonamiento ideológico y sucumbieron al clientelismo; pero no a cualquier tipo de clientelismo, sino al peor: al que permite la compra del elector y el imperio de los negocios por encima de las ideas; la política de la posventa.  No es un secreto, y las denuncias son del propio Consejo Nacional Electoral y de la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre las millonarias sumas que se gastan para obtener una curul en el Congreso. Cerca de $2.000 o $3.000 millones cuesta una elección que, en algunos departamentos, puede sobrepasar los $10.000 millones de pesos. Igualmente, no hay una gobernación, por pobre que sea el departamento, que no cueste menos de tres mil millones de pesos.

Las preguntas  y las respuestas son obvias: no hay la más mínima posibilidad de que, mientras se mantenga ese sistema de elección, pueda sanearse la administración pública y pueda erradicarse la corrupción.

La economía y la política no pueden quedar en la encrucijada perversa de la posverdad o la posventa; tenemos la obligación de abrir el debate para buscar los caminos que nos permitan construir democracia,  a la luz de lo firmado en el Colón y en el camino del desarrollo e implementación de los acuerdos, rodeando de garantías al ciudadano del común y a los nuevos actores políticos: Farc y el ELN.

El país nacional no puede afrontar la amenaza de los nuevos populismos de derecha o de izquierda, con un sistema electoral francamente descompuesto.