martes, 25 de abril de 2017
De acuerdo con información de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, liderada por Rafael Pardo, uno de los puntos destacados es el relacionado con el marco jurídico, debido a que ya se han expedido 33 normas relacionadas con el tema, entre leyes, decretos de ley, decretos ordinarios y resoluciones. Además, siete se encuentran en socialización y 22 en ajustes, entre las que están el Estatuto de Oposición o el servicio público de adecuación de tierras.
Pese a esto, los resultados podrían ser más representativos, debido a que, según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno “ha tenido una lentitud inmensa” y se ha demorado en presentar los proyectos de Ley, aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que a principios de mayo se presentará un paquete de leyes relacionadas con el posconflicto.
Por otra parte, el Gobierno está trabajando en otros dos ejes que tienen que ver con la implementación socioeconómica y territorial, y la reincorporación. En el primero se busca “definir, formular y articular los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a lo acordado”.
Entre los proyectos del Estado está la estrategia de respuesta rápida, el plan marco de implementación del Acuerdo final y el plan 100 días.
Ávila señaló que “la gente piensa que los acuerdos son para las Farc y eso no es así, ya que 90% es para beneficio de la sociedad”, con planes como la formalización de la tierra; las vías terciarias o las estrategias de conectividad, pero, sobre todo, “los acuerdos son para que no se repita el conflicto”.
Otro de los puntos importantes tiene que ver con el desminado, pues se tiene como meta que a 2021, el país ya no tenga sospecha de minas antipersonal y municiones sin explosionar, para lo que están trabajando nueve operadores de desminado humanitario en 79 municipios de todo el país.
Frente al tema de los cultivos ilícitos, que se estima que haya cerca de 180.000 hectáreas cultivadas en el país, la Alta Consejería ha suscrito acuerdos de sustitución con autoridades, comunidades y organizaciones con influencia sobre 80.000 familias y cerca de 65.000 hectáreas, con lo que espera sustituir 50.000 hectáreas en más de 40 municipios de los departamentos más afectados, como Putumayo, Guaviare y Nariño.
Para el analista político, Carlos Arias, el tema de la sustitución sigue siendo un ejercicio paliativo, pues se necesita una estrategia de fondo alrededor de estrategias de comercialización de los nuevos productos y más procesos de sostenibilidad. “A menos que el Gobierno tome en serio una estrategia de política fuerte alrededor de una legalización internacional del consumo y trabaje en una táctica paralela con los países consumidores, no se va a lograr nada”, afirmó el experto.
Avanza la reincorporación
En el proceso de reincorporación se avanza en la dejación de armas, que culminará el próximo primero de junio, según lo acordado; mientras tanto, los guerrilleros permanecerán en las 26 Zonas Veredales Transitorias, para luego dar el paso a la formalidad, apoyados por varios programas del Estado, en temas de salud, empleo y educación.
La opinión
Ariel Ávila
Subdirector de Fundación Paz y Reconciliación
“La gente piensa que los acuerdos de La Habana fueron para beneficiar a las Farc y no, 90% es para la sociedad colombiana, porque sobre todo, son para que el país no repita el conflicto”.
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