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La nueva ley tiene dos aspectos centrales: reemplaza al agente fiduciario Bank of New York por Nación Fideicomisos –que depositará el dinero en Buenos Aires y no lo girará a Estados Unidos– y ofrece a los tenedores de bonos reestructurados (fundamentalmente bajo ley de Nueva York) papeles de láminas de características, pero con jurisdicción argentina o francesa.
El secretario de Finanzas, Pablo López, mantuvo reuniones la semana pasada en Nueva York con representantes de distintos fondos de inversión que, según trascendió, manifestaron su nula voluntad de cobrar en Buenos Aires. Muchos tienen impedimentos estatutarios para aceptar bonos de jurisdicción fuera de Estados Unidos.
“No es la voluntad de la mayoría de los bonistas, hasta donde yo sé, hacer un cambio masivo de legislación”, admitió el ministro de Economía, Axel Kicillof, el martes, ante el plenario de comisiones de Presupuesto y Peticiones de Diputados. Por eso, aclaró que se trata de un “reemplazo transitorio”.
La deuda pública queda en manos de los hedge funds o fondos de riesgo, aquellos que buscan mejores rendimientos y tienen estatutos más laxos. Uno de ellos es Fintech, el fondo del mexicano David Martínez, socio de Cablevisión e interesado en Telecom. Martínez ya confirmó, semanas atrás, que aceptará los nuevos términos. Otros dos grandes fondos que podrían sumarse son Hayman, de Kyle Bass, y Quantum, de George Soros, que hace dos semanas demandaron al BONY en Europa por no girar los pagos de sus bonos nominados de legislación inglesa por US$ 1.300 millones. Otros hedge funds, como Perry, se interesaron por la deuda argentina en las últimas semanas.
Con todo, las estimaciones sobre la aceptación del nuevo canje siguen siendo pobres. Javier Alvaredo, economista de la consultora ACM, auguró una aceptación tope de US$ 4.500 millones, o algo más del 15% de la deuda reestructurada en dólares (US$ 29.300 millones).
Para Marina Dal Poggetto, directora del Estudio Bein, el grado de aceptación dependerá de lo que ocurra la semana próxima en la Corte de Apelaciones de Nueva York. El tribunal de alzada recibirá las apelaciones del Citigroup, agente fiduciario de la deuda de legislación argentina y de los Eurobonholders, que quieren destrabar los pagos de los bonos de ley europea por considerar que están fuera de la jurisdicción del juez Thomas Griesa. “Hay que ver si se destraban los pagos con jurisdicción distinta a Nueva York”, afirmó. La ley de Pago Soberano “pone piso al precio de los bonos; no se están juntando bonistas para acelerar” por la cláusula de cross default).
De todos modos, afirmó Dal Poggetto, es difícil que el Gobierno reúna la cantidad de bonistas necesaria para activar la Cláusula de Acción Colectiva (CAC), para lo cual necesita 66% de aceptación en cada serie de bonos u 85% del total “es muy poco probable que consiga activar las CAC; a priori habrá nuevos holdouts”, consideró.
También habrá que esperar los alcances del fallo de Griesa. Ni el BONY ni las cámaras compensadoras, que tienen la información de los bonistas, ayudarán a Argentina si incurren en desacato. Esa amenaza alcanza a todos los bancos con oficinas en Nueva York y hasta a fondos de inversión.
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