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Las acciones de la SIC deben blindarse contra las presiones lobistas en el Gobierno y la justicia, en contra de la entidad
Los colombianos de todos los niveles han sido sorprendidos con las recientes actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para investigar y poner al descubierto maniobras de grupos de empresas para manipular los precios y evitar la competencia. Estos acuerdos no solo son una práctica que atenta contra el libre funcionamiento de los mercados, sino también son una injusta maniobra contra los consumidores que tienen que pagar un mayor precio manejado artificialmente por las empresas.
En ese orden, la actuación de este organismo de control y vigilancia debe ser apoyado no solo por los estamentos afectados, sino por el mismo gobierno, los demás órganos de control y en particular necesita un soporte de los jueces y la Fiscalía. Los medios de comunicación a través de los cuales se conocen los casos también juegan un papel muy importante y en el caso de La República, como instrumento de información sectorial de economía y negocios, ese apoyo no deja duda.
Uno de los atributos más importantes de su tarea ha sido la claridad en las investigaciones adelantadas que en términos sencillos es “llamar las cosas por su nombre”. En particular, en el área de acuerdos entre empresas para manejar los precios al consumidor, la denominación de “cartel”, así a algunos no les guste, es la expresión universal utilizada cuando al menos dos compañías deciden conspirar para evitar la competencia y manejar a su antojo el mercado de bienes y servicios. Aquí no hay una concepción ideológica de algún tipo, sino solo un criterio de protección a los consumidores.
Un segundo elemento que siempre ha estado en el tratamiento de cada uno de los casos recientes expuestos por el titular de ese despacho es el de aclarar que de ninguna manera se pretende estigmatizar al sector productivo o que esta sea una práctica difundida entre las empresas o inspirada en comportamientos mafiosos. Las investigaciones que se han conocido señalan que no existe código de conducta empresarial para cometer acciones por fuera de la ley en la materia y adicionalmente se reducen a manejo de precios y no a otras variables como calidad que puedan poner en peligro la salud o las condiciones de seguridad de los artículos.
También hay que reconocer que la mayoría de las investigaciones se sustentan en aporte de información de quienes participan en las acciones de competencia desleal, que un día deciden no continuar con las prácticas ilegales, lo cual le da a los procesos objetividad, en el entendido que la documentación y pruebas recaudadas son de fuente directa y no sujetas interpretaciones o factores emocionales, como tampoco a intenciones de otras empresas para perjudicar a determinado grupo o competidor.
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