lunes, 24 de noviembre de 2014
Ya son 50 días de paro judicial, en los que nuestros respetados funcionarios judiciales de manera arbitraria e ilegal han impedido el ingreso no solo de usuarios y abogados, sino de algunos funcionarios que no han querido unirse a la indebida y arbitraria práctica del cese de actividades.
Y el paro se mantiene no obstante el Gobierno haber cedido ante la petición de Asonal Judicial de descongestionar la Rama Judicial, manteniendo los despachos de descongestión, y se mantiene sencillamente por plata, básicamente por que hasta el momento no se han negociado los otros requerimientos que pide esta asociación sindical, como la igualdad en las condiciones salariales, la evaluación de la reestructuración que hizo la Fiscalía General de la Nación a la Rama Judicial, la ampliación de la planta de empleados, la renegociación de la Ley 4 de 1992 y mayor inversión en el presupuesto.
La administración de justicia es un servicio público esencial, vital para el normal funcionamiento de la sociedad, y le corresponde al Gobierno la improrrogable obligación de garantizar su efectiva y adecuada prestación, lo que claramente no ha logrado y no va lograr con esta tibia actitud frente a las reclamaciones de los sindicatos de la rama.
Nadie discute la validez y pertinencia de las pretensiones de dichas asociaciones, lo que se discute es la forma de presión utilizada para obtenerlas, que como sabemos ha hecho carrera en el actual Gobierno, ya que campesinos, maestros, estudiante, médicos y transportadores han recurrido a estas prácticas obligando al ejecutivo a sentarse a negociar y finalmente ceder ante lo pedido.
Con semejante despropósito, se ponen en riesgo la vida de miles de personas que por vía de tutela buscan garantizar la realización de un procedimiento médico o la entrega de un medicamento, se vencen términos que finalmente se traducen en la inminente liberación de peligrosos delincuentes, se aplazan miles de diligencias judiciales ya de por si morosas, se ponen en riesgo alimentos de menores y se vulneran los derechos de millones de usuarios a los que se les niega el derecho a la administración de justicia.
Frente a este desalentador panorama, lo que obvia y consecuencialmente debía suceder es la declaratoria de la ilegalidad del cese de actividades, lo que claramente no va a suceder, por que adivinen quien tiene la competencia para dicha declaratoria, los jueces. Triste realidad, ya que hasta que dicha declaratoria no se de, cosa que no va a ocurrir, se les deben seguir pagando los salarios a los inactivos funcionarios. El descuento de los salarios a los funcionarios que no presten el servicio es legal, pero solamente en el momento en el que se declare ilegal el paro.
Hasta el momento, las reuniones entre los representantes del sindicato y los delegados del Gobierno no han tenido éxito. El Ministro de Justicia afirma que es imposible cumplir con las cuantiosas exigencias de Asonal Judicial, dadas las actuales limitaciones presupuestales por las que pasa la hacienda pública y estos últimos afirman tajantemente que el Gobierno les está “mamando gallo” toda vez que sus exigencias no han sido atendidas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, por la que una salida cercana no se avizora, lo que ensombrece mas el panorama toda vez que se acerca la vacancia judicial.
Es importante que los sindicatos de la Rama Judicial sean creativos y busquen maneras de protesta o manifestación de las necesidades y las reivindicaciones mas justas con la ciudadanía, maneras que obviamente no afecten el derecho fundamental de todos los ciudadanos al acceso a la justicia, justicia que en todo caso debe ser pronta.
Creo que esta es una muestra mas del egoísmo que nos caracteriza, en donde siempre se busca la satisfacción de lo personal en contravía del interés general, acudiendo a vías de hecho que afectan no solo el debido funcionamiento de la sociedad por la imposibilidad de acceso a la justicia, sino que afecta la imagen de la Rama y por ende la credibilidad que los ciudadanos le deben a sus jueces.
El Gobierno debe concertar, si, pero no bajo un escenario de presión indebida, por lo que los ciudadanos esperamos, es mano fuerte, sanciones y descuentos salariales.
Mas compromiso con la justicia y con el país señores de Asonal Judicial.
