sábado, 11 de febrero de 2017
En estos días me sorprendió el anuncio que realizó el presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón, donde mencionó que presentaría una iniciativa legislativa en la que pretendía proscribir la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos relacionados con corrupción. Y no por el contenido, sino por confirmar que existe un corto circuito total entre las tres ramas del poder público con el sistema carcelario colombiano. Por ejemplo, inicialmente necesitamos comprender que esto no es un beneficio, es un derecho y aún con este concepto no se revela la totalidad del alcance de la figura. Los mal llamados y confundidos beneficios penales, que mejor, deben definirse como subrogados, tienen una función político criminal que impacta necesariamente el hacinamiento carcelario, este es, permitir descongestionar las cárceles cuando el recluso ha cumplido parte de su condena. Esta “pequeñez” parece olvidarse cuando se desarrollan leyes que se plantean sin ningún concepto de política criminal, donde se evidencien factores, en especial sociológicos fácticos del hacinamiento infrahumano colombiano.
El congreso se caracteriza por unas políticas punitivas completamente populistas, atendiendo a la coyuntura y no a los derechos humanos, donde pareciere que el preso pierde su condición digna y humana una vez cruza el umbral del centro carcelario, donde pareciere que la sombra del portón le arrebata sus derechos.
Finalmente, hoy hay pocos jueces y fiscales que se revelan ante esta situación, bien sea por presión mediática y punitiva, rematados por las herramientas, que cada vez más va recortando el congreso, desfigurando lo que alguna vez fue un sistema mixto de tendencia acusatoria.
Y sí, es un despotismo ilustrado; se quiere legislar para el pueblo, pero sin tener en cuenta el presupuesto más básico sobre el que se erige nuestra constitución, la dignidad humana, que por supuesto tiene cada uno de los presos de este país. No se nos olvide que de esa dignidad se desprende aquella función resocializadora de la pena, la que cada vez más se escapa por los muros derruidos de las prisiones.
La medida para saber qué tan subdesarrollado es un país son sus prisiones, y si quiere ver un escenario dantesco conozca el hacinamiento, vaya a la Cárcel de Bellavista con un del 283%; Pedregal 100%; o la joya de la corona en Riohacha con un 500% donde los reclusos tienen para vivir 60 centímetros per cápita a 38 grados, donde toca dormir por turnos y parados.
¿Lo estamos?
