El Banco de la República y las cuentas fiscales independientes

Colombia ha tenido un gran progreso, desde la Constitución de 1991, en materia de control de la inflación, generación de estabilidad financiera y flexibilización de su manejo cambiario. Ello ha sido resultado directo de la autonomía institucional que le otorgó la Carta Política de 1991 al Banco de la República (BR). 

De hecho, al analizar el impacto de largo plazo que ejerció dicha Constitución sobre los diferentes aspectos de la vida nacional (en materia de provisión de bienes públicos como la salud, la educación o la justicia), Anif ha encontrado que el área de mayores ganancias habría ocurrido precisamente en lo relativo a las llamadas “juntas autónomas”, incluyendo allí entidades como el BR o la Creg (encargada de fijar los criterios de manejo de largo plazo para la energía y el gas). En efecto, las “juntas autónomas” alcanzan en sus ejecutorias una elevada calificación de 3,9 sobre un máximo de 5,0, durante el período 1991-2015, como lo estaremos comentando próximamente con mayor detalle. 

La pregunta de fondo es si el BR está en capacidad de realizar aportes adicionales para beneficiar al país no solo en provisión de estabilidad cambiaria-monetaria, sino también en materia de estabilidad fiscal. Claramente la respuesta es un SÍ (con mayúsculas). Veamos cómo.

Con frecuencia se le critica al BR que parte de su staff permanece en una nube académica, con baja incidencia sobre tantos problemas que aguardan por ser solucionados en el mundo práctico. La verdad es que, con el tiempo, la mayoría de ese staff ha entendido la importancia y relevancia de aterrizar sus estudios a recomendaciones de política económica. 

Además, cabe aplaudir que la dirigencia del BR (Gerente y Codirectores) cada día se ha mostrado más comprometida con sus aportes prácticos a los temas regionales y sectoriales. Por ejemplo, a la hora de los diagnósticos, dicha cúpula no ha ahorrado esfuerzos por escuchar directamente, a lo largo y ancho del país, las preocupaciones de los empresarios (no únicamente a los del sector financiero) y de los trabajadores sobre el ritmo de actividad económica y sus perspectivas. Esto claramente va más allá, como corresponde, de las obligaciones del BR a la hora de rendirle cuentas al Congreso de la República sobre el desempeño macroeconómico del país, el control de la inflación o el manejo de las reservas internacionales, entre otros aspectos. 

Buena parte de estos esfuerzos de interacción regional y sectorial del BR se han concretado en apoyos permanentes a los estudios regionales (desde las sucursales de la Costa Atlántica) o apoyos a los estudios sectoriales en materia laboral (desde Medellín) e industrial (desde Cali).

Pero, dicho todo lo anterior, existe una tarea adicional en la cual el BR podría realizar un gran aporte si se aplica a ella de forma sistemática, con grandes beneficios para el Ejecutivo y el Legislativo: crear una unidad de análisis fiscal (con incidencia nacional y territorial) que llegue a operar como la prestigiosa Congressional Budget Office (CBO) de Estados Unidos. 

Como es bien sabido, dicho CBO ha sido la entidad encargada de proveer (desde 1975) la información técnica fiscal, tanto al Ejecutivo como al Congreso de Estados Unidos, cada vez que alguien propone cambios legislativos que afecten las cuentas fiscales, bien por el lado de la tributación o de los gastos presupuestales. Dicho CBO cuenta con un gran respeto técnico y sus conceptos se ufanan, con razón, de no obedecer a criterios políticos. Cuando el Congreso, en su necedad y obstinación política, se ha alejado de las recomendaciones (implícitas) del CBO, los costos intertemporales han sido cuantiosos, tal como ocurrió con la fracasada Comisión Bowles-Simpson (2010-2012).

En particular, la unidad fiscal del BR estaría encargada de responder preguntas tan complejas, pero tan cruciales, como: i) ¿cuánto más tocaría elevar la tributación de las nuevas generaciones si continuamos postergando el incremento en la edad de pensión del régimen público?; o ii) ¿en cuánto se acotaría la presión fiscal por el lado del gasto en salud, dada la trayectoria demográfica actual, si se incrementan los copagos de ciertos medicamentos? 

En el caso de la FED de Estados Unidos y del propio CBO estas preguntas están a la orden del día y alimentan continuamente el debate político entre el Ejecutivo y el Legislativo. En Colombia, el BR está en mora de aportarle al país este otro ingrediente de análisis fiscal para así mejorar nuestras políticas públicas. Los centros de pensamiento, como Anif o Fedesarrollo, hemos completado ya cuatro décadas haciendo esta tarea, pero dada la creciente magnitud de los problemas fiscales técnico-presupuestales, es obvio que el concurso del BR en este tipo de tareas resultaría de crucial importancia histórica para el país.