• Natalia Arteaga

martes, 15 de julio de 2014

Hoy, la delegación de paz del Gobierno encabezada por Humberto de la Calle, está nuevamente en la La Habana, Cuba, reanudando la discusión de cómo participarán las víctimas en la mesa de negociación y aunque el ciclo formal arranca la próxima semana, ya expertos afirman que el quinto punto de la agenda en el que se definirán los derechos de las víctimas, podría ser el más tedioso.

Lo anterior por el reto que implica cumplirle a todas los perjudicados con el conflicto, que proceden de diferentes regiones y que tienen necesidades individuales, y por el temor que causa avanzar en temas de justicia transicional en Colombia, para la que hay que educar.

¿Cómo hacerlo? Carlos Andrés Ramírez, coordinador de la especialización de cultura de paz y DIH de la Javeriana Cali, asegura que la mejor alternativa para el Estado es empezar a implementar campañas de comunicación explicándole a la ciudadanía qué implicaría asumir este tipo de justicia, que no habría impunidad y recordarle a la población que podrá participar en las decisiones finales del proceso mediante un referendo.

El punto de partida para que el Gobierno se siente a negociar, está sustentado en la Ley de Víctimas, pero los especialistas opinan que en la conclusión del proceso, tendría que ser ajustada porque habría que incluir los acuerdos con las Farc. Los pactos que salgan de la mesa, deberán quedar explícitos en la Ley Estatutaria del Marco Jurídico para la Paz.

El otro punto importante es si Colombia está preparada para avanzar en el proyecto con justicia transicional en caso de que se concierte este punto en los acuerdos. Jorge Iván Cuervo, docente de políticas públicas de la Universidad Externado, afirma que sí estamos preparados. “El proceso de paz no tendría mucho sentido si los actores del conflicto no se pueden reintegrar a la sociedad. El país tiene que hacer comparaciones y ver que esta opción sería un avance frente a lo que pasó en décadas pasadas con otras guerrillas como el EPL, cuando hubo indultos y no justicia transicional”.

Con la justicia ordinaria, sería imposible cubrir a las guerrillas porque hay una cifra de impunidad por delitos comunes que supera el 80%, agrega Cuervo.

Por su lado, Ramírez, no está tan seguro de que los colombianos estén preparados para aceptar la justicia transicional, en especial porque hay poca claridad en materia. “Con las votación de 45,04% que consiguió Óscar Iván Zuluaga en las pasadas elecciones a la presidencia, quedó demostrado que la gente quiere que la guerrilla sea condenada con justicia ordinaria”. La opinión del especialista encuentra sustento en a última encuesta de Gallup Poll publicada en junio de 2014, en la cual se le preguntó a los encuestados si sacrificarían parte de la justicia para tratar de negociar la paz y solo 42% estuvo de acuerdo. En agosto de 2012, era 48%.

Asegura el coordinador de la especialización de cultura de paz y DIH que llegar a un acuerdo con el que se le cumpla a todas las víctimas será un desafío importante, esto, teniendo en cuenta que el grupo no es homogéneo y sus necesidades empiezan a variar desde la procedencia regional, de género y otras.

En esta opinión Ramírez coincide con Adriana Londoño, analista de conflicto colombiano, quien afirma que “hay unas que están habidas de verdad y otras que buscan reparación económica. Habrá que ver como se alinean y priorizan las necesidades para generar una satisfacción general”. Para Londoño, “hay una fuerte afectación de la confianza entre las víctimas porque hay mucho vivo queriendo pasar por representantes de la población afectada y porque desde las alcaldías y gobernaciones de las regiones se han venido apoderando de las mesas y esto desmotiva a quienes de verdad han sido tocados con la realidad del conflicto”. La verdad, la justicia y la reparación, serán los tres pilares clave para que el Estado se ponga de acuerdo con los afectados que finalmente lleguen a La Habana para concertar, asegura la especialista. Cuervo considera que la negociación debería realizarse solamente entre el Estado y el grupo insurgente, y centrarse en concretar una ‘comisión de la verdad’, que incluya a las víctimas una vez haya concluido el proceso.

Las opiniones

Jorge Iván Cuervo
Docente de políticas públicas de la U. la Sabana
“El proceso de paz no tendría mucho sentido si los actores del conflicto no se pueden reintegrar a la sociedad. El país tiene que hacer comparaciones y ver que la justicia transicional sería un avance frente a lo que pasó en décadas pasadas cuando hubo indultos”.

Hernando Llano
Analista político
“La clave para negociar este punto es reconocer la responsabilidad que han tenido ambas partes, tanto el Estado como las Farc. Esto requiere de una investigación larga y profunda, pero será difícil de lograr porque esto pondría en tema de juicio la legitimidad del Gobierno”.