jueves, 10 de abril de 2014
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, insistió en que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, no son de obligatorio cumplimiento cuando no se trate del derecho a la vida.
Ordóñez señaló que en su criterio, “las decisiones reiteradas de la Corte Constitucional hacen referencia al derecho a la vida y a la integridad personal pero no a los derechos políticos”.
Según indicó, “no hay antecedentes de decisión judicial respecto a los derechos políticos y por eso no es aplicable esos precedentes”.
Ordóñez insistió en que sí el estado Colombiano hubiera aceptado las medidas que la Cidh le dio al hoy destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entonces habría “un desquiciamiento” del ordenamiento jurídico.
El Procurador se pronunció sobre este tema luego que el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, explicara, sin referirse directamente al caso Petro, que las medidas sí hacen parte del Bloque Constitucionalidad y en ese sentido son de obligatorio cumplimiento.
Preguntado al respecto, Ordóñez estimó que lo que dijo Vargas Silva “es cierto referido al derecho a la vida y a la integridad personal”.
Además, el procurador Ordóñez se ratificó en su postura en el sentido de que las medidas cautelares no son obligatorias por estar en el reglamento de la Comisión y no en la Convención Americana.
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