La paz un motor de crecimiento

El acuerdo de participación política entre el Gobierno Nacional y las Farc es una noticia para celebrar. Si bien aún falta acordar la participación política de los miembros de las Farc, se han superado parcialmente dos obstáculos importantes de la agenda: la política de desarrollo agrario integral y la participación política.

Alcanzar la paz brinda beneficios al país. Y estos beneficios trascienden la reducción de la violencia, la mitigación del odio y la posibilidad de tramitar las diferencias por las vías democráticas. También significa beneficios económicos para toda Colombia. La violencia destruye los medios de producción, el capital humano con las muertes y la mutilación de las personas y los bienes públicos. El conflicto reduce la confianza entre las personas que es esencial para hacer transacciones comerciales y financieras, motor de una economía de mercado. Además, genera un impacto invisible y difícil de superar: el miedo y la incertidumbre. Tomar decisiones económicas con miedo e incertidumbre lleva a las personas a ser cautelosos en extremo, a evitar inversiones de alto riesgo y de alta rentabilidad, a minimizar el riesgo de ser víctima del conflicto y no a buscar aumentar sus ingresos.

Estudios económicos muestran que estos impactos son considerables. Un informe de Jorge Restrepo y Edgar Villa muestra, por ejemplo, que cuando hay conflicto, el PIB departamental promedio en Colombia tarda 18,5 años en duplicarse, mientras que sin el conflicto tardaría 8,5 años en duplicarse. El cese del conflicto nos ahorraría entonces 10 años de crecimiento. Otro estudio de Felipe Pinilla calcula que cada año perdemos 3,3% del PIB agropecuario como consecuencia del conflicto.

Pero estos impactos son particularmente altos para la población rural que sufre con mayor fuerza los rigores del conflicto. Investigaciones que hemos hecho en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes dan cuenta de los diversos costos que enfrenta la población rural. El conflicto obliga a los productores agropecuarios a modificar sus decisiones de producción. Para evitar ser víctimas del conflicto y cumplir con los sistemas de gobernanza impuestos por los actores armados ilegales, los pequeños agricultores se dedican a cultivos con menor rentabilidad pero un rendimiento más rápido en el corto plazo, explotan un menor porcentaje de su predio, se concentran en la explotación ganadera e invierten mucho menos en sus actividades productivas. Si bien trabajan a destajo en actividades de subsistencia para compensar la caída en los ingresos agrícolas, estos ingresos adicionales no son suficientes para compensar la caída.

Esto no es menor. Las áreas rurales del país enfrentan unas condiciones de pobreza y exclusión mucho más altas que las urbanas. En 2012, cerca de 50% de la población rural era pobre y en las áreas urbanas esta cifra era un poco mayor al 20%. La presencia del Estado en las regiones rurales es además débil y esporádica. Por ejemplo, el cubrimiento del alcantarillado en 2012 para las áreas urbanas era 92,2%, mientras que para las rurales era 15,6%. Y así podría enumerar varios ejemplos que evidencian el rezago significativo e inaceptable en el que se encuentran las regiones rurales del país.

“Los beneficios sí sobrepasarán costos del posconflicto”
El fin del conflicto es un imperativo. Muchos percibiríamos los beneficios y unos cuantos enfrentarían unos costos políticos y económicos. ¿Vale entonces la pena defender a esos cuantos y no abogar por los muchos que sufren los costos del conflicto? Mi respuesta es un no rotundo. El camino no será fácil. El posconflicto no significará el cese inmediato de la violencia. Requerirá, además, inversiones significativas del Estado y la sociedad. Pero los beneficios sobrepasarán con creces los costos inmediatos. Esto, sin duda, vale la pena.