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jueves, 26 de enero de 2017

Este estudio refuerza la idea de nuestro Estado Social de Derecho, una fórmula política que enriquecida con los aportes del multiculturalismo y del reconocimiento de la diversidad, permitiría poner en marcha ese proyecto histórico de desarrollar una sociedad más pluralista.

Este estudio es muy oportuno, ahora que se va a expedir en el Ministerio de Trabajo un borrador de decreto de inclusión laboral para personas con discapacidad, que debe fijar el porcentaje en el empleo público.

Aunque las cifras del estudio sobre empleabilidad de la población más excluida me parecen un poco altas, quisiera darle credibilidad, por lo que paso a reseñarlas: se estableció entre otros aspectos importantes que el 1.5% de los servidores son indígenas, el 6.6% afrodescendientes, el 4% son personas en situación de discapacidad y el 3% corresponde a población Lgbti.

En cualquier caso, el nivel está por debajo del promedio de la población general en Colombia, que según los datos del Dane 2005, se ubican en 3.4% para los indígenas y 10.6% para los afrodescendientes.

Respecto a las personas en situación de discapacidad aportan el 4% de los servidores públicos, ubicándose también por debajo del promedio de esta población, que alcanza en el país el 6.4% según el último censo del Dane. 

En relación con las personas con orientación sexual e identidad de género diversos, la encuesta encontró una participación del 3% en el empleo público, que según la Cámara de Comercio LGBT Colombia sugiere una cifra del 10% de la población nacional, por lo que existiría una representación inferior de esta población.

Pese a la Ley antidiscriminación 1752 de 2015, según este estudio el 35% de los servidores señala haber percibido discriminación en su propia entidad, de los cuales un 27% considera que ha sido por su estrato económico, el 21% por otros factores asociados con opinión o filiación política, el 17% orientación sexual, 12% sexo, 13% color de la piel y 10% condición física. 

Lo positivo es que se encontró un nivel educativo muy alto de los servidores públicos, pues casi el 50% cuentan con estudios de posgrados, 38% con especialización, 11% con maestrías y 0,6% con doctorado.

Este estudio busca determinar la inclusión en el empleo público de la rama ejecutiva del nivel nacional de poblaciones tradicionalmente excluidas como los afrodescendientes, los indígenas, las personas en situación de discapacidad y la población Lgbti así como la discriminación que padecen.

Con los resultados de este estudio, el Departamento Administrativo de la Función Pública, está incluyendo un componente de diversidad muy importante en la Política Integral de Empleo Público y el Plan Estratégico de Empleo Público 2015 a 2025.

También se difundirá una guía metodológica para que todas las entidades del país puedan aumentar sus niveles de inclusión e incorporar dentro de sus procesos el enfoque de diversidad.

En conclusión, con este estudio el Estado colombiano cuenta con un primer diagnóstico que le permitirá diseñar políticas más efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho de participación en el empleo público en el país, avanzando así en la consolidación de un Estado diverso e incluyente.

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