martes, 16 de agosto de 2016

Preocupante, por decir lo menos, resulta el informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de que van más de $113.000 millones malgastados en lo que se ha denominado “elefantes blancos”, en las distintas regiones productoras del país. 

Esto sucede después, y a pesar de la reingeniería que se hizo con el nuevo Sistema General de Regalías, con el Acto Legislativo número cinco que reformó los artículos 360 y 361 de la Constitución y con la Ley 1503 de 2012,  que se suponía era prenda de garantía para que las regalías fueran bien administradas y repartidas de manera justa en el país, permitiendo así que la gente recibiera los beneficios de la presencia de las industrias extractivas en su región.

De otra parte, “con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios” productores, dice el reformado artículo 361 de la Constitución “se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. 

Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.”

 En función de lo anterior, los departamentos deben invertir en los municipios que no reciban regalías, los dineros que reciben y gestionan.  Un 45% de estos recursos deben destinarse a salud, educación, agua potable y alcantarillado. Un 15% adicional para alcanzar las coberturas mínimas, de ser necesario. 

También deben invertir en vías, parques, polideportivos y otros, como parte de la infraestructura social de su plan de desarrollo. En cuanto a los municipios estos deben hacer inversión de 75% de lo recibido en programas de saneamiento ambiental, salud, educación, agua potable, alcantarillado y otros servicios públicos. Igualmente, pueden destinar recursos a proyectos del plan de desarrollo municipal. 

Tristemente, según la Contraloría, parte importante de esos recursos viene siendo despilfarrado en las regiones, y de acuerdo con Planeación Nacional dado que en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), el Gobierno Nacional sólo tiene un voto, es difícil para la Nación ir más allá en materia de administración. 

Así mismo, siendo así que con el nuevo sistema los responsables de la ejecución de los dineros en los distintos proyectos, siguen siendo los gobernadores y alcaldes en las regiones, son ellos los únicos llamados a responder. 

 Por ello es que algunos seguimos escépticos, frente a la profundización de la descentralización, a través de la toma de decisiones, a ese nivel, respecto de los temas relacionados con el interés general como son el futuro de las industrias extractivas y la inversión de las rentas que producen. 

Mientras tanto, se siguen cerrando las puertas en las regiones a las industrias extractivas con el pretexto que los beneficios para ellas no se ven. 

¿Cómo resolver este problema? Un tema más de reflexión para el país. Aún cuando paguen justos por pecadores, este despilfarro no se debería seguir permitiendo.