• Carlos Eduardo González

martes, 14 de marzo de 2017

Según anunció la entidad, el proyecto costaba inicialmente, en 2009, US$3.460 millones ($10,3 billones a precio de la divisa de ayer) y, luego, pasó a costar US$8.016 millones ($23,88 billones a precio de la divisa de ayer), por lo que, sumado al lucro cesante, alcanzó un detrimento patrimonial de US$6.080 millones, que en pesos serían $17 billones. 

En el documento, la Contraloría señaló como presuntos responsables de estos hallazgos a siete funcionarios de Reficar, entre ellos a: Orlando Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yanes, Felipe Castilla, Magda Manosalva, Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y César Luis Barco García.

Además, a 13 miembros de la junta directiva de Reficar y 18 miembros de la junta directiva de Ecopetrol, en la que están nueve exministros y un exdirector de Planeación Nacional. Estos últimos involucrados son Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado Noriega, Federico Renjifo Vélez, Mauricio Cárdenas Santamaría, Mauricio Santamaría Salamanca, Amylkar Acosta Medina, Luis Carlos Villegas, Tomás González Estrada, Luis Fernando Ramírez A. y Hernando José Gómez. 

Para el analista Carlos Arias, aunque estos funcionarios no han sido imputados, “lo que viene pasando es que el ejercicio de la corrupción se ha enquistado en la política colombiana”, y agregó que, aunque debe haber una presunción de inocencia, “que haya tantos funcionarios que tengan que dar indagatoria es un síntoma muy fuerte, asociado a la corrupción y al dinero fácil”. 

Por el momento, todas estas personas serán llamadas a dar versión libre ante la entidad, que no significa que ya estén imputados, sino que darán su versión de los hechos y continuarán las investigaciones de la entidad.

Cabe resaltar que durante todo el proceso hubo cinco controles de cambios. El primero fue aprobado el 24 de mayo de 2011 por US$216.5 millones, lo que aumentó el presupuesto del proyecto de US$ 3.777 millones a US$3.994 millones. Esta adición fue justificada para actualizar la herramienta para duplicar la producción de propileno, la producción de gas licuado de petróleo, entre otros.

En el segundo cambio, aprobado el 7 de mayo de 2012, se agregaron US$861 millones, pasando de US$3.993 millones a US$4.854 millones. En este punto se justificó que hubo omisiones al estimativo inicial, variaciones de alcance, cambio en estrategia de ejecución, entre otros. 

El tercer cambio, aprobado el 15 de mayo de 2013, fue el más grande, ya que se agregaron US$2.048 millones y el presupuesto se aumentó hasta US$6.901 millones, debido a la subestimación en cantidades, el bajo rendimiento/productividad, entre otras causas. 

La cuarta adición fue de US$751 millones, aprobada el 16 de enero de 2015, y siguió aumentando hasta US$7.153 millones, debido a la anormalidad laboral y otras contingencias. 

En el último control de cambios, aprobado el 4 de noviembre de 2015, el valor del presupuesto del proyecto pasó de US$7.653  millones a US$8.016 millones. 

La Contraloría General también reveló que la rentabilidad actual del proyecto (4,35%) es inferior al costo de la deuda (5,5%), además que por cada peso aportado por los accionistas de Reficar a capital, esta sociedad  debe $7 y que por cada $100 representado en activos productivos Reficar debe $75. 

Por otro lado, la entidad indicó que los costos de la mano de obra del proyecto de la Refinería de Cartagena fueron por un valor de US$4.653 millones y que Reficar entró en operación 27 meses después de lo pactado en el contrato, muestra de otra irregularidad. 

Antecedentes

Entre los otros presuntos responsables se encuentran siete funcionarios de Reficar: Orlando Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yanes, Felipe Castilla, Magda Manosalva, Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y César Luis Barco García.

Mientras que de la junta directiva de la Refinería están llamados a dar su versión Javier Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Gloria Cortes, Hernán Martínez, Hernando  Gómez, Henry Medina, Natalia Gutiérrez, Uriel Salazar, Hernando Zerda, Astrid Martínez, Carlos  Arrieta y Carlos Eraso.

Las opiniones 

Carlos Arias
Analista político
“Aunque estos funcionarios no estén imputados, lo que viene pasando es que el ejercicio de la corrupción se ha enquistado en la política colombiana. Que haya tantos funcionarios es un síntoma muy fuerte”.

Nicolás Lozada
Abogado
“Esta es la etapa inicia de los procesos, en la que a los investigados se les da la oportunidad de dar su versión de los hechos, aunque esto no quiere decir que estén imputados de ningún cargo”.