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Pese a que hace más de un año el panorama económico tomó un viraje inesperado por cuenta de la súbita reducción de los precios del petróleo, la solidez del sistema bancario en Colombia, pilar para la estabilidad macroeconómica, continúa constituyéndose como uno de los frentes de menor vulnerabilidad ante choques externos. De hecho, los positivos resultados en materia de calidad de cartera y relación de solvencia, ésta última en niveles de 15% (por encima del mínimo regulatorio) dan cuenta de esta mayor solidez. Sin embargo, si bien este comportamiento ha sido resultado de una juiciosa y perseverante gestión de riesgos, el país tiene la urgente necesidad de avanzar en varios frentes para fortalecer dicha gestión.
No deja de inquietar, por ejemplo, la incertidumbre que ha generado para la dinámica de la industria la publicación de dos Proyectos de Decreto que detallan las características de la admisión de instrumentos en el capital de las entidades bancarias. El primero está relacionado con la posible facultad del regulador para solicitar requerimientos de capital por encima de los mínimos regulatorios, un punto en el que no es claro bajo qué esquema, lineamientos y parámetros se materializará dicha directriz. El segundo, de igual calado, está relacionado con la fecha en que empezarían a regir las nuevas disposiciones para las emisiones de deuda subordinada que computan dentro del Patrimonio Adicional, pues afectaría los derechos adquiridos por las entidades que emitieron bonos antes de su expedición.
Otro frente que llama la atención es el relacionado con las garantías mobiliarias. Creemos que existe un obstáculo que debe superarse con prontitud y que consiste en la ausencia de reglamentación para determinar los mecanismos de ejecución individual y concursal de tales garantías. Dicha reglamentación deberá procurar agilizar los procesos legales y facilitar su aceptación para que, en armonía con una adecuada gestión de riesgos, sea más expedito el camino hacia la profundización del crédito.
Por otra parte, el sector bancario y el Gobierno Nacional han buscado diseñar productos que se adapten en mayor medida a las necesidades de los clientes y que sean de bajo costo, como ocurrió con el nacimiento del crédito de consumo de bajo monto. Sin embargo, sobre este producto existe aún una clara preocupación sobre la necesidad de aclarar, desde el punto de vista regulatorio, las bases para cimentar su masificación. Por un lado, es preciso aclarar la validez que conceden las autoridades respectivas a los pagarés electrónicos en el país y, por otro, facilitar la apertura simplificada de los créditos de bajo monto que permita contar y verificar (como mínimo) con la información contenida en el documento de identidad de los clientes, una información básica para poder optimizar los perfiles de riesgo.
El sistema de concesiones de cuarta generación es, desde luego, otro tema en el que persisten serias preocupaciones, algunas de ellas relacionadas con: (i) el proceso de toma de posesión de cuentas ante escenarios de incumplimiento, (ii) el eventual proceso de alineación en materia de contingencias por disposición de Basilea III y (iii) la incertidumbre sobre la previa aprobación de licencias ambientales y adquisición de predios en 100% antes de iniciar los proyectos. Estos aspectos cobran aún mayor relevancia dada la magnitud de recursos que se invertirán en este programa.
Por último, pero no menos importante, están los temas relacionados con las pruebas de estrés y el Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, un frente en el que el sector bancario continuará avanzando de manera decidida dada su importancia para la gestión integral de riesgos.
En síntesis, si bien la agenda para generar más confianza en procura de seguir brindándole a los colombianos un sistema sólido y robusto parece estar ya definida, es imperativo que dichos frentes deban ser sorteados de manera acertada por todos los actores allí involucrados, lo que permitirá consolidar los diferentes procesos de mitigación de riesgos.
