jueves, 25 de junio de 2015

En virtud de este Plan suscrito entre los dos países, Colombia se comprometió a adoptar ciertas medidas. El Ministerio del Trabajo realizó un reporte sobre los avances y el cumplimiento del Plan, de acuerdo con el cual el Gobierno ha logrado avances en el fortalecimiento institucional, las medidas relacionadas con el uso abusivo de la intermediación ilegal, fortalecimiento del diálogo social y el derecho de asociación sindical, y la lucha contra la violencia cometida contra trabajadores sindicalizados.

Con relación al fortalecimiento institucional, el informe es contundente en cifras. El primero de noviembre del 2013 se creó el Ministerio del Trabajo. El Gobierno cumplió con el proceso administrativo y de reserva presupuestal para la creación de 480 nuevos cargos de inspectores de trabajo. Con relación al sistema de quejas, el Ministerio implementó el Centro de Orientación y Atención Laboral (Colabora), e incorporó nuevas herramientas tecnológicas, tales como el inspector virtual y la línea 120. Según las estadísticas del Ministerio, la atención al ciudadano tuvo un crecimiento del 670% y el tiempo de espera en atención pasó de tres horas a la atención inmediata.

Frente a las medidas contra el abuso de la intermediación laboral, el informe destaca la expedición del Decreto 2025 de 2011, que establece las reglas de las cooperativas de trabajo asociado. Mediante este Decreto, se prohíbe la intermediación laboral por parte de las cooperativas. Como consecuencia de lo anterior, las cooperativas de trabajo pasaron de ser 4.307 en el 2010 a 2.857 en el año 2012. En el año 2013, el Ministerio impuso sanciones por un valor de 65.078.059.500 COP a nivel nacional por conductas de intermediación irregular.

Ahora bien, con relación al fortalecimiento del diálogo social y el derecho de asociación sindical, el reporte recalca la reforma al Código Penal, el cual hoy en día establece como delito la utilización de pactos colectivos para vulnerar el derecho de asociación sindical y negociación colectiva a través del ofrecimiento de mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados. De otro lado, las estadísticas del Ministerio señalan que en los años 2010 y 2011 se celebraron 443 convenciones colectivas con organizaciones sindicales, mientras que en los años 2012 y 2013 la cifra subió a 840, lo que representó un incremento del 90%.

Finalmente, frente a la lucha contra la violencia hacia los sindicalistas, se destinaron 100 funcionarios de policía judicial para combatir contra la impunidad de estos delitos. Además, mediante la Ley 1448 de 2011 se abrió el camino a la reparación colectiva para el movimiento sindical.

La Escuela Nacional Sindical reconoce el incremento de la sindicalización en país, pero critica en su mayoría las medidas adoptadas por el Gobierno. Según esta, las medidas no han logrado sus objetivos, pues no se ha conseguido la disminución de la intermediación laboral ni se han generado cambios en la impunidad de los crímenes contra sindicalistas. En conclusión, Colombia ha cumplido sus compromisos, pero le falta eficacia en la ejecución de las medidas.