• Natalia Cubillos Murcia

jueves, 25 de junio de 2015

El escrito señala 117 irregularidades que cuestionan el análisis de la Unión Temporal, en la cual participaron Jahv McGregor y Global Forense Auditing, y que fue contratada por $4.563 millones. Fue firmado el 10 de diciembre de 2013, el coordinador del proyecto fue Nelson Miguel Murcia y el representante legal de la UT, Gildardo Tijaro Galindo.

La acción pide que no se cancelen los dineros de la Auditoría hasta no haberse corroborado la totalidad de las observaciones y de haberse ya pagado “se declare el incumplimiento y hacer exigibles las garantías e indemnizaciones por los perjuicios por las deficiencias en la supervisión”.

“El trabajo realizado por la UT Auditoría Forense 2013 no tiene la calidad para que sea prueba y mucho menos refleja la realidad de lo sucedido en Caprecom en el periodo analizado”, señaló González.

“Sobre el presupuesto se hicieron análisis muy ligeros”, dijo. El informe dice que hay un déficit total de $1,4 billones; pero lo que hay que decir es que “está comparando la caja (recaudo) con datos de causación y desde el primero de enero de cada año ya estoy en déficit porque sin recibir ni un peso yo debo haber suscrito contratos”, afirmó.

Aclaró que en el estudio no se reconoce la situación de la salud en el país en el que Caprecom asumió la prestación del servicio del régimen subsidiado en Antioquia,  “cuando esto no es sostenible ni viable financieramente”.

Lo mismo ocurrió con los reclusos del Inpec. “Prestar servicios en las cárceles no solo es complejo por la seguridad del personal médico, sino es muy costoso”. Sobre este aspecto la Auditoría señaló que los servicios prestados fueron superiores a los percibidos y se atendieron más reclusos que los que se habían acordado, 70.000 en lugar de 55.000. Sobre las cuentas que permanecen en el informe y que cuentan que se hicieron sin auditorías y habrían sumado en el caso de proveedores más de $3 billones, González aseguró que “no necesariamente todos los egresos debían tener este tipo de revisión”, criticó que el estudio tomó las cifras como un todo y no se desagregó sobre los diferentes servicios IPS, EPS y administrador de pensiones

Los dobles pagos que habrían sumado $38.166 millones reiteran que la calidad de los datos es dudosa pues incluso ponen pagos dobles y no los pagos parciales de una misma factura.

Específicamente sobre las cooperativas, la UT las señaló como sospechosas por que prestaban servicios para atender actividades misionales. González sostuvo que en muchos casos se dio por el traspaso de operación de  entidades liquidadas del Seguro Social.

La UT criticó la concentración de 45% de los pagos en dos de ellas y agregó: “sí se encuentran en Manizales y en el mismo domicilio, pero una se ocupaba de personal administrativo y otra de servicios de salud”. González defendió la utilización de cooperativas en una intención del Gobierno  por vincularlas a los procesos de contratación pública asumiendo que no son de gran patrimonio ni liquidez.

El proceso de recuperación con la Superintendencia de Salud “no tenía que terminar necesariamente en una liquidación (...) lo que se buscaba era clarificar las cuentas”, dijo el exsuperintendente Gustavo Morales.

Caprecom atiende 15% del régimen subsidiado y su periodo de recuperación termina el 24 de agosto, el  saneamiento financiero solo va en  30% y tiene cuentas por pagar por  $1,4 billones.

“Hoy es inviable porque el Gobierno no se va a meter la mano al bolsillo para seguir mal (...) tristemente está coaptada por políticos corruptos”, concluyó González.

Las opiniones

Fernando González
Exfuncionario de Caprecom
“El trabajo realizado por la UT Auditoría Forense 2013 no tiene la calidad para que sea prueba y mucho menos refleja la realidad de lo sucedido en Caprecom en el periodo analizado”.

Gustavo Morales
Exsuperintendente de salud
“El Análisis Forense 2013 se solicitó para poder tener una fotografía real de la situación financiera de Caprecom, teniendo en cuenta que su población atendida es considerada la más vulnerable”.