martes, 12 de mayo de 2015
En caso tal que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre o cualquier ciudadano considere que atenta contra la constitución y decida iniciar una demanda contra el proyecto, podrá hacerlo ante la Corte Constitucional una vez sea expedida la ley y el alto tribunal tendría en promedio ocho meses para dar respuesta.
Es decir, si se demanda apenas se apruebe, la sentencia saldría en febrero de 2016, pero mientras tanto el proyecto de ley mantendría su vigencia y tendría vía libre para ejecutar las modificaciones aprobadas en el legislativo.
El abogado constitucionalista Manuel Quinche explicó que este proyecto de ley tramitado bajo el artículo 165 de la Constitución Política Colombiana, solo podría ser demandado si se tiene argumentos para afirmar que hubo un vicio de forma o una sustitución de la Constitución.
“Con lo que tiene que ver con el Tribunal de Aforados, modificar la Comisión de Acusaciones lejos de ser una sustitución de la Constitución es una norma que necesita la Carta Política y lo único que haría sería en redundar en beneficios para el sistema de justicia, mandándole un buen mensaje a la sociedad”, puntualizó Quinche.
La reforma de Equilibrio de Poderes ha tocado las fibras y posturas más extremas tanto de legisladores como de los mismos funcionarios del sector de la justicia. Sin embargo, los contradictores políticos no solo están de acuerdo en que la justicia colombiana no marcha bien, también consideran que los anuncios de Montealegre sobre demandar el proyecto fueron desafortunados pues dicen que es inadecuado que durante el trámite se estén haciendo este tipo de advertencias sin dejar que el órgano que está encargado de la tarea cumpla su función.
Para el senador del Centro Democrático, Iván Duque, “el acto esta lleno de vicios que ameritan demandas, pero cuando las críticas vienen de partes afectadas por la reforma dan la impresión de una preocupante intromisión en el actuar de las ramas del poder público”.
Duque agregó que “los comentarios de las autoridades judiciales frente a una demanda a la reforma y la promoción de una constituyente pueden intimidar a la cámara en el desarrollo de sus debates”. Senadores como Claudia López y Horacio Serpa insistieron en la necesidad de que el proyecto termine su trámite, a la vez que pidieron al fiscal Montealegre mayor mesura en sus declaraciones y la responsabilidad de los congresistas para votar la enmienda.
Ángel Custodio Cabrera, senador del Partido de la U, si bien consideró que “el Fiscal habló de más”, es consciente de que sus pronunciamientos junto con los presidentes de las Altas Cortes corresponden a un llamado de atención para que el Gobierno y el Congreso en esta etapa final se sienten con ellos para mejorar las propuestas y lograr un consenso.
Entre tanto, el presidente del Partido Conservador, David Barguil, afirmó que hoy se reunirá con las Altas Cortes junto con Roy Barreras, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Horacio Serpa, Carlos Fernando Galán y Oscar Iván Zuluaga para hablar de la crisis de la justicia y aportar herramientas y caminos como salidas institucionales.
¿Qué defiende el gobierno? Los 10 argumentos del Ministerio del Interior:
1. Rompe el cordón umbilical entre política y justicia.
2. Acaba la puerta giratoria en los altos funcionarios.
3. Trae meritocracia a la elección de las altas cortes.
4. Pone fin a la impunidad de altos funcionarios públicos.
5. Mejora la administración de justicia.
6. Lleva los mejores juristas a las Altas Cortes.
7. Elimina las reelecciones.
8. Fortalece el esquema de Gobierno - oposición.
9. Promueve la equidad de género en las elecciones a Congreso, Asambleas y Concejos.
10. Combate la corrupción.
Las opiniones
Manuel Quinche
Abogado constitucionalista
“El Congreso deberá seguir tramitando en ejercicio de sus competencias la reforma. Hay que recordar que solo se puede demandar lo que ya ha sido expedido y no es conveniente estar advirtiendo una demanda sin que haya sido aprobada o no la reforma”.
Iván Duque
Senador centro democrático
“Los comentarios de autoridades judiciales frente a una demanda y la promoción de una constituyente pueden intimidar a la Cámara en el desarrollo de debates. Aunque no hay que desconocer que el acto está lleno de vicios que ameritan demandas”.
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