viernes, 17 de octubre de 2014

Es claro el perjuicio sufrido por los ciudadanos colombianos con el paro del sistema judicial, al no poder ejercer el goce efectivo de sus derechos, debiéndose plantear la posibilidad de limitar el derecho a la huelga en la justicia, por tratarse  de un servicio público esencial. 

Debemos recordar los casos que aún se mantienen en la impunidad en Colombia, pues es preocupante que el sistema judicial, no pueda responder a las necesidades sociales y de criminalística del país.

Recordemos que el caso de Luis Carlos Galán no se ha resuelto del todo, después de más de 25 años, privándonos a los colombianos de un estadista que tal vez hubiera cambiado el destino de este país.

No olvidamos el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que también hubiera podido cambiar la realidad política del Estado colombiano, pero que tristemente continúa en la impunidad, caso que ahora se encuentra en la Comisión Interamericana.

Igualmente debemos recordar, la muerte de Jaime Garzón, que recreaba a los colombianos con la ironía de su humor, que después de 15 años de su muerte, aún sigue en la impunidad.

Es claro que el sistema judicial ha dejado de proferir ciertos fallos que denotan falencias del sistema, no pudiendo responder a la realidad colombiana.

Por ejemplo, en el caso de Yidis Medina, se le condenó por cohecho, es decir, por haber aceptado prebendas de un funcionario público, para otorgar su voto en favor de la reelección, pero no se ha condenado al servidor que le compró el voto.

Por su parte, en el caso de Andrés Colmenares, se acaba de proferir un fallo del Tribunal, donde se confirma que fue asesinado, pero tristemente no se tienen pruebas de su agresor, por lo que continúa en la impunidad.

El caso del carpintero de San Vicente del Caguán, Ariel Josué Martínez, ya puesto en libertad, luego de permanecer más de seis meses detenido en la cárcel La Picota y de estar a punto de ser extraditado por error, demuestra el sometimiento del sistema judicial a los criterios de extradición de los Estados Unidos.

La tragedia del carpintero Ariel Josué Martínez y los casos que se documentan en el libro “Extraditados por error”, de José Guarnizo, demuestran cómo estas equivocaciones judiciales por cuenta de las acciones precipitadas de la DEA y la sumisa obediencia de la justicia colombiana, le han acarreado al Estado colombiano enormes costos económicos y han afectado dramáticamente la vida de cientos de colombianos. En el artículo titulado “Los otros extraditados por error”, publicado por la revista Semana a propósito del drama del carpintero de San Vicente del Caguán y del libro de Guarnizo, se afirma que la mayor queja que exponen quienes alegan su inocencia, bien porque las acusaciones son endebles o bien por errores en la judicialización, es que cuando el Gobierno norteamericano solicita a un nacional, es imposible conocer de antemano las pruebas, lo que indica que en Colombia la extradición opera como un trámite y no como un proceso.

Martínez, como otros tantos, estaría en su derecho de demandar al Estado y esperar una cuantiosa indemnización por los daños ocasionados, sin embargo, ha declarado que espera un reconocimiento a motu propio de las instituciones que cometieron el error, por lo que esperamos que ahora que estamos en tiempos de reparación de las víctimas, algún funcionario encuentre en su acción, un momento propicio para ofrecer el perdón del Estado.

Por todos estos casos aún en la impunidad, el actual Gobierno, creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, previniendo las demandas  futuras.

En conclusión, los casos judiciales que se perpetúan en la impunidad, parecen una alegoría al absurdo y una burla a la dignidad de los colombianos, reflejando claras deficiencias del sistema judicial colombiano.