• Natalia Cubillos Murcia

jueves, 21 de mayo de 2015

La mejor calificación la obtienen Barranquilla (Atlántico), Mosquera (Cundinamarca) y Pereira (Risaralda), con un nivel moderado de riesgo, y las más bajas son las de Sincelejo (Sucre), El Zulia (Norte de Santander) y Leticia (Amazonas). Este informe no incluye a Cali, Bogotá ni Medellín, debido a complejidades metodológicas que exigen estas ciudades, así como la financiación para aplicar el índice.

La información que se muestra parece ser muy pertinente si se tiene en cuenta que cada vez se acerca más la fecha de elección de alcaldes y gobernadores, lo que plantea un panorama de gestión pasada y de evaluación que les sirve a candidatos para que evalúen las perspectivas de sus territorios.

Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, dijo que se evidencia que en “los territorios a nivel municipal que tradicionalmente han tenido presencia de actores armados e institucionalidad débil hay un mayor riesgo de corrupción”. Lo que planteará acciones a seguir por los próximos 15 años para asumir el compromiso del posconflicto.

Además, recalcó que se ve “con suma preocupación” que solo dos de las Contralorías departamentales  tienen un riesgo moderado, mientras que 56% encuentran niveles de alto y muy alto, “lo que quiere decir es que los órganos encargados del control de las entidades, en muchos departamentos presentan mayores riesgos de corrupción que las entidades que están controlando”, señaló Ungar.

Mayores riesgos de corrupción
Para Transparencia por Colombia, los mayores riesgos tienen que ver con la comunicación de los planes sociales así como del manejo selectivo de información, la discrecionalidad en el empleo público y las falencias en la contratación directa.

En la medida en la que las entidades no publiquen información sobre por ejemplo programas como Familias en Acción, o de beneficio al adulto mayor, “son menos los ciudadanos que pueden acceder y el otro tema, tiene que ver con que el manejo de la información es selectivo,  puede ser manipulado, sectores interesados pueden recibir la información lo que coincide con acciones clientelistas y compra de votos”, sostuvo Ungar.

En el empleo público hay evidencia que sigue un alto nivel de discrecionalidad en contravía con la meritocracia. Andrés Chaparro, docente de la Universidad la Gran Colombia, dijo que es momento de que la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública se apersonen de este tema a nivel local, porque lo que muchas veces sucede es que por los bajos recursos se esquiva la meritocracia y se contrata por prestación de servicios, o que por vacancia institucional el Alcalde termina definiendo a dedo quién puede ocupar el cargo.

Y aunque la contratación directa no es ilegal, se evidencia, sobre todo en las alcaldías, un bajo número de participantes lo que da pie de una selección a dedo que usualmente “coincide con la financiación de campañas”, concluyó la directora.

En este aspecto, Chaparro sostuvo que es necesario que se fortalezcan las veedurías ciudadanas y no sean coaptadas por alcaldes ni concejales e intereses particulares.

Las opiniones

Elisabeth Ungar
Directora de Transparencia por Colombia
“Una de las conclusiones del índice es que en los territorios a nivel municipal que tradicionalmente han tenido presencia de actores armados e institucionalidad débil hay un mayor riesgo de corrupción”.

Andrés chaparro
Docente de la Universidad la Gran Colombia
“Hace 24 años se habla de concurso de méritos, pero no se aplica a nivel local. Es momento de que se apersonen de esto la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Depto. Administrativo de la Función Pública”.