martes, 3 de noviembre de 2015

Este era un fallo anunciado, tal como lo presenté en columna del 7/05/2013 de este diario, debido a que los contratos firmados no obligan a los operadores a ceder sus activos. Estos laudos dejan sin piso la insensata pretensión del Alcalde Gustavo Petro de reclamar vehículos obsoletos para continuar prestando el servicio de aseo, ya que por su deterioro presentan problemas mecánicos, dejan escapar lixiviados y malos olores, lo cual va en detrimento de la calidad del servicio, incumpliendo así con el criterio de eficiencia económica que instaura la Ley 142 de 1994. 

Cabe recordar que una vez terminó la concesión de aseo, en septiembre de 2011, cada seis meses la Uaesp les dio contratos sin licitación pública para que siguieran operando con la misma flota; a partir de diciembre de 2012, cuando el Distrito asume el servicio, de nuevo sin proceso licitatorio les entregó 48% de la ciudad para que siguieran operando con vehículos de más de diez años de uso.

Con la renegociación en 2012 de los contratos de la fase I y II de Transmilenio ocurrió algo similar. La Administración Distrital argumentó que se ahorró $70.000 millones, sin tener en cuenta que con esta decisión se benefició a los operadores, quienes como ya habían recuperado la inversión (vía depreciación), en adelante sus costos serían menores, entonces podían dar ese descuento, pero se perjudicó a los usuarios debido a que se continuó prestando el servicio con articulados obsoletos, deteriorando así la calidad del servicio, tal es así que frecuentemente se los encuentra varados en las troncales de la ciudad. 

Si se hubieran entregado bajo licitación pública, el ahorro habría sido mayor, no solo por la puja que se presenta entre los oferentes, sino porque durante los últimos años se presentaron factores macroeconómicos más favorables; el IPC y la DTF se han ubicado por debajo del 5% anual. Cuando se firmaron los primeros contratos se encontraban por encima de 10%. Algo similar ocurrió con los buses azules del Sitp, los cuales aparentan ser nuevos, pero no. Son vehículos obsoletos y en mal estado y prestan un servicio deficiente, continuamente se varan en las calles de la ciudad, expidiendo bocanadas de humo cada vez que se los acelera, contaminando así el ambiente, a sin contar que transitan solitarios por rutas de baja demanda.

La actual Administración puso de moda prorrogar grandes contratos y continuar prestando una serie de servicios con vehículos obsoletos, argumentando que así logra un ahorro para la ciudad, sin tener en cuenta que lo que hace es beneficiar a operadores privados a costa del bienestar de la comunidad, a quienes cada vez más entrega servicios de baja calidad, lo que genera enormes costos económicos y sociales. Si los contratos se entregaran no a dedo sino bajo un transparente proceso de licitación pública, con seguridad los beneficios serían mayores.