Corrupción, educación y justicia

Hoy que presenciamos un paro de educadores sarcásticamente denominado como el paro promedio vuelve a ponerse de moda el discurso de Antanas Mockus y Sergio Fajardo sobre el rol de la educación en la institucionalidad, la convivencia y el desarrollo del país. En este discurso, muy vendedor, los integrantes del Partido Verde centran su política pública en educar al pueblo para mitigar la corrupción y crear las condiciones para un proceso de paz en el que cada vez son más evidentes las deficiencias de estructuración.

No hay duda que invertir en educación es el camino para que un joven pueda proyectarse profesionalmente en nuestro país y por consiguiente nivelar el campo de juego para los más desfavorecidos. Los jóvenes educados pueden acceder a los mejores puestos de trabajo y por este medio subir dentro de la escala social, independientemente de su extracción social o económica.  Sin embargo, de ahí a extrapolar que la educación nos permite avanzar como sociedad o a controlar la corrupción, hay un gran paso.

En nuestra sociedad el acceso a la educación ha sido aliado de los grandes escándalos de corrupción, protagonizados en casi su totalidad por personas ilustradas. El escándalo de Interbolsa estuvo en manos de familias que recibieron la mejor educación, los recientes monumentos de corrupción en las altas cortes se tejieron entre abogados de las mejores facultades del país y el carrusel de la contratación fue ideado por un bachiller de uno de los mejores colegios de Bogotá.

La educación no brinda los incentivos para que los que la reciben actúen más éticamente. Esos incentivos provienen de una institucionalidad fuerte con una justicia transparente que castigue a los corruptos ejemplarmente. Países como Italia, que han contado con altos niveles de acceso a la educación pero con bajo nivel de institucionalidad judicial, han estado expuestos a escándalos de corrupción a lo largo de su historia. Como consecuencia no solo se ha visto afectada la aplicación de la justicia sino también el bienestar de sus habitantes.

En Colombia, independientemente de que el Fiscal sea un abogado de pergaminos, que los togados de las cortes tengan posgrados y especializaciones en las más prestigiosas instituciones, la justicia no funciona porque muchos de ellos utilizan campantemente sus posiciones y su conocimiento para favorecerse política o económicamente. Las actuaciones corruptas de la justicia se mitigan con control político de parte del ejecutivo y el legislativo, y en su defecto, si estas ramas también tienen problemas similares, con control de los líderes sociales y empresariales.

Es en este sentido que la propuesta del expresidente Gaviria de acoger a la justicia transicional a todos aquellos que en el pasado cometieron crímenes conexos con el conflicto armado no puede ser más inconveniente.  ¿Con qué incentivo van a actuar éticamente los magistrados, los jueces y los congresistas si les enviamos el mensaje como sociedad de que los crímenes no se pagan? Colombia requiere aplicar su marco legal con funcionarios que manejan los procesos con transparencia, así sean de paz, y en el que los líderes sociales y empresariales creen en la construcción colectiva de una sociedad donde los comportamientos contra lo colectivo sean castigados, sin excepciones. Si confiamos en que con proveer una educación de mayor calidad y cobertura solucionamos todos los problemas no saldremos de la crisis de valores que vivimos.