Cormagdalena decide este lunes si mantiene o no el fallo de caducidad de contrato a Navelena

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Aunque la decisión de mantener o no el fallo debió darse en una audiencia en la sede de la Corporación en Bogotá el pasado 3 de abril, Navelena presentó un recurso de reposición para que la entidad reconsiderara la decisión.

De igual modo lo hicieron las aseguradoras que estuvieron involucradas, debido a que los montos por los que tendrían que responder son superiores a los contratados, de modo que Cormagdalena decidió aplazar la audiencia para poder considerar los argumentos de las partes.

Pero independientemente del desenlace de la sesión de este lunes, aún no se ha presentado una solución final para mejorar la competitividad de los puertos allí establecidos.

De acuerdo con el presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, independientemente de la continuidad o no de la firma cuyo mayor socio es Odebretch, el mantenimiento de los niveles del río dentro de lo contratado no va a ser suficiente, sino que estos deberían profundizarse a 15 metros y pasar de 150 metros de ancho a 300 metros.

Consultado por LR, Puche afirmó que con la profundidad aproximadamente de 10,3 metros que hoy tiene el río, el cual da un calado autorizado de aproximadamente 9,1 metros, no va a ser suficiente para recibir, por ejemplo, los 2,5 millones de toneladas de maíz que entrarán en los próximos meses desde los Estados Unidos debido, gracias a un espacio que se abrió para la importación del grano sin aranceles desde enero.

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“Durante el tiempo que dura esa importación se pone mucha presión sobre los puertos por el volumen. Entre marzo y abril, por los diferentes terminales, van a entrar entre 900.000 y un millón de toneladas. En el de Barranquilla entrarán unas 500.000 toneladas, pero estimamos que 20% de las naves tendrán que ir a aligerar a otros puertos, por lo que dejaríamos de recibir entre 180.000 y 200.000 toneladas”, dijo Puche.

Esto implicaría que dejarían de percibirse entre $3.678 millones y $4.087 millones por no tener la profundidad necesaria para el descargue directo.

Y es que los niveles ni siquiera están dentro de los contratados. La responsabilidad de Navelena era mantenerlos sobre los 11,4 metros, tarea que incumplió y por la que se le confirmó el miércoles la multa de 10 salarios mínimos diarios que ya a hoy supera los $928 millones.

Precisamente por eso, añadiéndole a esto la coyuntura de restricción para el ingreso y salida de buques de la zona portuaria de Barranquilla con calados superiores a 8.3 metros, y atendiendo a la solicitud de la Capitanía de Puerto, el Ministerio de Transporte anunció que "se procederá junto a las autoridades departamentales y distritales a las declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta", con el fin de dar inicio a las tareas de dragado.

Pero según la directora ejecutiva de ProBarranquilla, Ana María Badel, esto no solamente disminuye la competitividad de la ciudad de donde 40% de lo que se recibe es transportado hacia el interior del país.

“Debemos pensar en la competitividad del país y no de una sola región. Este es un proyecto de todos y para todos y debemos estar articulados para sacarlo adelante y que los puntos urgentes que afectan la navegación sean atendidos lo más pronto posible”, explicó Badel.

Un golpe al bolsillo de todos

El problema de descargue en otros puertos no solo afecta los ingresos de la ciudad de Barranquilla sino que también el de los importadores que, en muchos casos, tienen que volver al Puerto de Barranquilla para terminar de descargar.

Lo anterior, genera un costo adicional que no siempre se tiene estipulado y que, en últimas, termina trasladándose hacia el usuario final, que tiene que pagar más por el producto que está comprando debido a que el importador tuvo que pagar por transporte un sobrecosto que hace que se cobre más caro en el comercio.

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