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Analistas 21/08/2012

Conflicto armado, Paz y Estado Constitucional

Eduardo Verano de la Rosa
Gobernador del Atlántico
La República Más
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No es un secreto que nuestro país atraviesa un largo conflicto armado. Tampoco lo es que tiene su origen fundamentalmente en la intolerancia, que por largo periodo ha sido el sello que caracteriza la vida pública colombiana. La intolerancia no es, cosa distinta, a la no aceptación del otro y de respeto al otro, a sus opiniones y a la condición de existencia digna del ser humano en libertad.

Aceptar al otro e incluirlo, aceptar que el otro puede tener sus razones o que las razones del otro ayudan a construir de consenso una razón pública que auspicie un buen gobierno es, ante todo, el resultado de construir una cultura de tolerancia y de pluralismo bajo una ética de respeto y garantía de los Derechos Humanos de todos, principalmente de las víctimas. Esta cultura se hace haciéndola, no existe otro medio.

Hemos fracasado en la concreción de una política que contribuya a la superación del conflicto armado. Las partes han degradado el conflicto y se vive en una sociedad que padece una catástrofe humanitaria generada por sus gobiernos y habitantes, entre estos, los grupos armados ilegales. Esta calificación de la catástrofe humanitaria es de Naciones Unidas.

La política para la superación del conflicto armado tiene que ir más allá de derrotar políticamente a los grupos armados. Lo militar no es más que la continuación de la política por otros medios. El Estado tiene necesariamente que recuperar el monopolio de la violencia legítima, conforme a medios establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

El Estado Constitucional no puede renunciar al monopolio de la violencia legítima. Necesariamente tiene la obligación de recuperar por medios legítimos, el monopolio  de las armas. Los grupos armados ilegales para poder dialogar en la democracia tienen que abandonar el ejercicio de la lucha ilegitima.  De no hacerlo, no existe posibilidad alguna de dialogar políticamente. El dialogo previo al abandono de la violencia ilegitima por estos grupos, sólo puede tener sentido para decretar el cese de la violencia ilegitima y la cesación de los delitos.   

La paz, como bien lo decía el ilustre jurista español y redactor de la Carta Política de España, Gregorio Peces Barbas, autoridad académica en Derechos Humanos,  no es en sí misma un derecho fundamental, no importa que con impropiedad jurídica lo atesten cartas fundamentales de algunas naciones como la nuestra. La paz es algo más que un derecho porque la paz Lo es todo. Es el reino de los derechos y de las libertades. Es el estado ideal, casi que la Ciudad de Dios de la que hablaba San Agustín.

Por tanto, querer la paz, es más que querer un derecho fundamental y algo más que el necesario cese de la violencia ejercida por los grupos armados ilegales. De ahí que la renuncia a la violencia ilegitima no es algo que pueda negociarse es un imperativo político, jurídico y moral en las sociedades estatales, muy en especial, de los estados constitucionales. Todos queremos la paz pero la paz es más que el cese de la violencia.

En un ensayo de la filosofía política y jurídica del  jurista Juan Pabón Arrieta, intitulado El Estado de Derecho en Elías Díaz, ilustra lo que es querer la paz, a juicio de Elías Diaz. Éste afirmaba que querer la paz es algo más que el cese de la violencia, que es necesaria para un ambiente de paz. Querer la paz es querer la justicia y la libertad. Es la superación de las desigualdades odiosas existentes en la sociedad y de la intolerancia. Es poner al hombre en condiciones de dignidad humana, es seguridad alimentaria, vivienda digna, educación de calidad, seguridad social y jurídica.

El filósofo socialdemócrata Elías Díaz guía con su pensamiento lo que debe ser la paz, y que busca crear las condiciones que hagan posible la paz. Comencemos por el desarme de los grupos armados ilegales sin que el Estado Constitucional tenga que renunciar a la justicia y a la libertad. Pero mucho menos al ejercicio del monopolio de la violencia legítima. Previo al dialogo político hay que desarmarse. De lo contrario no es razonable en lo político, un dialogo democrático.

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