sábado, 16 de mayo de 2015
De acuerdo con cifras oficiales, en el período comprendido entre 2012 y lo corrido de mayo de 2015 han sido deportados 7.027ciudadanos colombianos, 131 de ellos en 2012; en 2013: 2.614; en 2014: 1.772 y en lo que va corrido de 2015: 2.510.
Aunque algunos colombianos denunciaron violaciones a sus derechos humanos, por las condiciones a los que fueron sometidos al momento de ser requeridos, la Cancillería asegura que han recibido la asistencia humanitaria y el acompañamiento integral con el apoyo de Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, entidades que también se han encargado de recibir y tramitar esas quejas.
“Actualmente los Gobiernos de Colombia y Venezuela, a través de sus Cancillerías, Defensorías del Pueblo y entidades migratorias, están trabajando en la implementación de un protocolo que garantice el respeto de los derechos de los ciudadanos colombianos inmersos en procesos de deportación, y el cual se ajuste a la legislación vigente”, dice el ministerio.
De acuerdo con la Ley de Extranjería, los ciudadanos extranjeros objeto de deportación tienen un plazo de un año para el traslado de sus enseres a sus lugares de origen. También hay espacios para que los ciudadanos puedan acceder a la defensa si se abre un proceso administrativo antes de ser deportados o expulsados de territorio venezolano.
Sin embargo, la canciller María Ángela Holguín había dado a conocer que se estaba trabajando en el mecanismo desde el mes de diciembre, por lo que los connacionales exigen respuestas inmediatas ante las continuas deportaciones.
El Gobierno ha aclarado que es decisión autónoma de Venezuela aceptar o no a colombianos en su territorio, pero que la mayoría de casos de deportación se han producido por no sellar los pasaportes en los puestos de migración al vecino país, o porque venció el plazo de 10 años que en 2004 otorgó el fallecido presidente Hugo Chávez para que los colombianos aclararan su situación legal.
“Colombia seguirá trabajando con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para establecer cuanto antes dicho protocolo, con el fin de que se cumpla la legislación y se garanticen los derechos de los connacionales”, prometió el Gobierno.
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