jueves, 31 de julio de 2014

Desde el año 2002 el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) emprendieron un proceso de evaluación comparativa orientado a identificar los avances hacia los más altos estándares legislativos y regulatorios que facilitan el ciclo de vida de las pequeñas y medianas empresas (la Frontera) en un número significativo de economías alrededor del mundo. Lo anterior resulta en un informe anual denominado Doing Business (el Informe). En el Informe del 2014 la evaluación se realizó respecto de 189 economías, siendo Colombia una de ellas, pues desde el año 2008 hizo parte del programa liderado por el BM y la CFI. Desde entonces, Colombia ha mostrado, a través de varias reformas normativas, su interés en mejorar el marco legislativo para el desarrollo económico, lo que ha permitido que se ubique dentro de las primeras 50 economías del mundo con facilidad para hacer negocios en el 2014.

El Informe sigue una serie de iniciadores ligados a demostrar eficiencia, seguridad y previsibilidad en cada una de las etapas y transacciones que debe enfrentar una empresa desde su nacimiento hasta su terminación, incluyendo el acceso al crédito, la protección a los inversionistas, el cumplimiento de contratos y la resolución de situaciones de insolvencia. Dos importantes efectos genera el estudio; el primero de ellos es la disponibilidad de auto comparativos y de comparativos respecto de otras legislaciones, y contribuye, a su vez, a la identificación de parámetros efectivos para la producción de normas propicias al acercamiento a la Frontera. En ese contexto, el impacto que los Informes han producido en el marco jurídico colombiano no ha sido menor. 

Así, en el 2014 se registraron cambios favorables en el indicador de cumplimiento de contratos, tras una fuerte tendencia en los años anteriores a privilegiar reformas favorables a la creación de empresa y la resolución de situaciones de insolvencia. Sin embargo, uno de los indicadores con mayores repercusiones en el crecimiento económico, y en la disminución de la pobreza, presentó un crecimiento negativo de dos puntos respecto del año anterior, y nos referimos al acceso al crédito (el Indicador). 

La disminución del Indicador se ha hecho pública precisamente en el marco de una enfática actividad legislativa orientada a incentivar el acceso a productos financieros, particularmente al crédito. Esta no fue tenida en cuenta por el Informe, pues el cierre estadístico (1-06-2013) se produjo antes de la expedición de las leyes. Así, encontramos la Ley de Garantías Mobiliarias (20-08-2013) (la Ley), que sin lugar a dudas constituye un avance fundamental en el indicador de acceso al crédito tanto desde la perspectiva del deudor como desde la del acreedor. En el primer caso, su importancia se deriva de la flexibilización del sistema de garantías que permite que bienes y derechos que antes no podían ser otorgados en garantía adquieran tal calidad, lo que causa un aumento inmediato en la población que tendrá acceso a sistemas formales de financiación. 

Desde la perspectiva del acreedor, la Ley representa avances en términos de simetría de la información, pues los acreedores tendrán acceso electrónico y gratuito al sistema de registro que permite conocer los gravámenes previamente constituidos sobre una determinada garantía mobiliaria. Ambas perspectivas materializan parámetros de avance propuestos por los Informes y que han sido implementados por las economías mejor posicionadas del mundo. 

Tal situación evidencia el ambiente de progreso crediticio en Colombia, también reflejado en otros proyectos de Ley como el de Inclusión Financiera que, además de promover el uso de productos financieros a través de la simplificación electrónica de los trámites, busca generar historiales crediticios de los usuarios con menor acceso a los servicios financieros, de manera que se aumenten sus oportunidades futuras de acceso al crédito.