martes, 2 de septiembre de 2014

Es sabido que en el Siglo XX, caracterizado por ser al mismo tiempo una época de cambios y un cambio de época, la comunidad internacional debió afrontar dos campanazos de alerta ante el peligro latente que podría comprometer la seguridad energética del mundo contemporáneo. La guerra del Yonkipur en octubre de 1973 sirvió de detonante al primero de ellos, al propiciar el tránsito de una era de la energía abundante, barata y de suministros confiables a otra de la energía escasa, costosa y de suministro expuesto a contingencias políticas. El segundo campanazo vino por cuenta del cambio climático, reconocido oficialmente en 1988 por las Naciones Unidas. 

Ante estas dos amenazas, la comunidad internacional arribó a un consenso sobre la necesidad de ahorrar la energía que hasta entonces se despilfarraba, además de la importancia de hacer un uso más racional y eficiente, y, lo que es más importante, promover e inducir la diversificación de la matriz energética migrando hacia las energías alternativas, sobre las renovables y limpias.  Y bien dijo Darwin, que ante estas nuevas realidades “los sobrevivientes no serán los más inteligentes y capaces, sino aquellos que se adapten mejor al cambio”. Colombia es consciente de que  al tiempo que es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo, es también el tercero por su vulnerabilidad ante los embates del cambio climático, amén de la precariedad de sus reservas de hidrocarburos.

Podemos afirmar que en lo atinente al sector eléctrico, Colombia se ha sabido adaptar al cambio, a partir de las lecciones aprendidas del apagón que le significó catorce meses de drástico racionamiento del fluido eléctrico entre los años 92 y 93 a consecuencia del fenómeno de El Niño. 

Con las leyes 99 de 1993, 142  y 143 de 1994 se sentaron las bases sobre las cuales descansa el sistema, que le han garantizado firmeza y confiabilidad en la prestación del servicio. Las políticas públicas y el marco regulatorio que las desarrollan han posibilitado que Colombia hubiera pasado indemne ante los episodios posteriores de El Niño (97/98, 2005 y 2009/2010), que pusieron a prueba la fortaleza y la consistencia del sistema. 

Pese a esta historia de éxito, no se ha caído en la autocomplacencia pensando en que Colombia sea la arcadia en materia energética; los retos son cada día mayores y más exigentes. Como afirmó Mandela, cuando uno escala una colina se percata que le quedan por delante muchas otras colinas por escalar. Y este es el caso. De allí la importancia y la pertinencia de la expedición de la Ley 1715 de 2014, a través de la cual se estimula e incentiva tanto la generación como el uso de las energías no convencionales, con la cual Colombia le toma la delantera a muchos otros países de la región y del mundo en materia energética. Esta Ley va en línea con intentos anteriores en procura del uso racional y eficiente de la energía previsto en la Ley 697 de 2001, así como el Documento Conpes 3700 de 2011 y más recientemente la Resolución 9 0325 de 2014, que se propone reducir la huella de carbono en las actividades propias del sector y a mitigar sus deletéreos efectos.