Colombia, el país de la Alianza Pacífico que menos PIB destina a las pensiones

Es uno de los datos más llamativos del informe “Más allá de las pensiones contributivas”, en que se analiza la composición y beneficios de los sistemas de 14 países. Se prevé que a nivel regional el gasto público para hacer frente a las pensiones aumente, toda vez que la esperanza de vida subió hasta los 74 años en la última década.

“Colombia ha preferido tener una baja intervención del Estado en la economía esperando que eso facilite el desarrollo privado. En ese contexto tiene menos recursos para invertir en políticas sociales”, explica Rafael Rofman, especialista en protección social del BM y coautor del reporte.

Dentro del sistema contributivo, cada trabajador destina 16% de su salario a los fondos de pensiones hasta alcanzar el mínimo cotizado, que varía en función de si el fondo es público o privado. Pero de 20 millones de personas activas, solo cotizan 7,5 millones por culpa de la informalidad laboral, que a cierre de 2013 se situó en 49%. Como recuerda Rofman, Colombia carece de fondos estatales, así que, si el trabajador llega a la edad de jubilación (62 años para los hombres, 57 para las mujeres) sin cumplir los requisitos mínimos para obtener pensión, el Gobierno debe aportar la cantidad restante para completar el monto.

“Colombia está gastando mucho en pensiones para proteger muy poca gente: de acuerdo con el presupuesto general de la nación, se destinarán en 2014 cerca de $41 billones para el pago de pensiones de 1.9 millones de personas”, señala Luis Felipe Jiménez, director de estudios económicos de Asofondos.

La cobertura actual, en el sistema no contributivo, es deficitaria. Según el Dane, actualmente hay 5 millones de colombianos en edad de jubilarse. De ellos, 1,9 millones reciben pensión. Quitando los 1,2 millones de personas que se benefician del programa Colombia Mayor, restan 2 millones de ciudadanos que no reciben ningún tipo de ayuda económica.

“El gasto en pensiones ha estado focalizado en personas de altos ingresos que son quienes pueden cumplir con los requisitos para pensionarse, pero las cifras del BM demuestran que falta mucho trabajo en la protección de las personas de menores ingresos”, sostiene Jiménez, que lamenta la inequidad del sistema.

Pero el reto está en conseguirlo sin aumentar impuestos, que llevarían a aumentar la informalidad, ni el gasto público, una tarea que se antoja titánica.

Mientras, en el resto de América Latina reina la heterogeneidad de sistemas, aunque con resultados muy parecidos. México ofrece la misma cobertura a pensionados, 44% del total, que existe en Colombia, aunque los mexicanos destinan 0,2% de su PIB a este efecto.

Perú consigna 0,15% de su PIB para atender a 41% de su población, mientras que Chile, con 0,3% del PIB, llega hasta 83% de pensionados con su sistema universal.

“Si uno mira qué países tomaron distintas estrategias, se ve que los más grandes y con mayor presencia del Estado son los que tienen programas más grandes, pero por regla general todos se han actualizado y han incluido a 11 millones de personas más porque asumimos que los sistemas contributivos tradicionales no alcanzan. En la región la informalidad es una constante”, asegura Rofman.

En América Latina se encuentran tres tipos de sistemas de pensiones: los que dan acceso universal, como en Bolivia y Trinidad y Tobago; los que asisten a quienes no pueden tener el acceso universal, como ocurre en Argentina, Brasil, Chile y México, y los programas que ayudan a los jubilados en riesgo de pobreza.

Colombia se sitúa en este último grupo por deseo propio. Desde el BM no califican de fracaso la cobertura porque, afirman, el país nunca pretendió cobertura universal. 

Fondos obligatorios elevan gasto público
Ni siquiera en el sistema obligatorio el gasto público está a salvo. Pese a que se supone que se financian solos, la realidad es que de los afiliados a fondos públicos solo 10% llegará al mínimo exigido, mientras que el resto deberá ser aportado por el Gobierno. En el caso del fondo privado, el porcentaje que se desvía de un salario promedio constituye apenas 30% del total de la pensión, mientras que 70% restante proviene de rendimientos. Solo dan cobertura a 25% de los afiliados, al resto se devuelve el monto ahorrado.

Las Opiniones

Luis Felipe Jiménez
Director de Estudios Económicos de Asofondos
“Las cifras del BM demuestran que debemos proteger a las personas con menos ingresos. La distribución debe ser más equitativa”.

Rafael Rofman
Coautor del Informe del Banco Mundial
“Hay que saber que ampliar la cobertura es aumentar gasto. Si queremos que el Estado recoja pocos impuestos, no habrá programas generosos”.