lunes, 10 de noviembre de 2014

Si bien los indicadores generales de pobreza han cedido, una mirada por regiones muestra que 800 municipios, más de dos terceras partes del país, mantienen una tasa de pobreza superior al 66%.

El 55% de la población laboral se gana un salario mínimo al mes, mientras que un CEO de una compañía grande del sector mineroenergético puede percibir en promedio más de 100 salarios mínimos de ingreso en el mismo periodo mensual. El 97,6% de la población gana menos de 2,7 millones, según las cifras del Dane y del Banco Mundial.

La brecha entre ricos y pobres se mantiene en aumento, a pesar de las políticas sociales gubernamentales. Los pobres se mantienen pobres y los ricos aumentan su riqueza. 

La razón principal para esto, como lo dice Thomas Piketty, está asociada con que en la actualidad, y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la tasa de retorno del capital excede las tasas de crecimiento de la economía de cada país, lo que demuestra que la riqueza heredada es mas productiva que el ingreso que proviene del trabajo. Como el capital está concentrado en el segmento más rico de la población y el trabajo es prácticamente el único factor de producción de las clases media y baja, la riqueza seguirá concentrándose entre los más ricos a niveles “incompatibles con los valores de la meritocracia” (Capital in the Twenty First Century. Thomas Piketty. 2014).

Lo grave, frente a este panorama, es que el índice Gini de tierras llega a 0,86, lo que se refleja en que 77,6% de la tierra está en manos de 13,7% de la población, como lo revela una investigación del año 2010 de la Decana de Economía la Universidad de los Andes, Ana María Ibañez. 

El trabajo de Piketty muestra además que la distribución de la línea de inequidad en el mundo ha tenido ciclos divergentes y convergentes y que, contrario a lo que se ha dicho por otros economistas en el pasado, en su criterio, entre las fuerzas de la economía no existe una fuerza espontánea y natural que permita augurar una tendencia convergente que prevalezca hacia el futuro. 

En ese orden de ideas, el principal protagonista en la lucha contra la inequidad social y económica tiene que ser el gobierno, que, con políticas afirmativas y de choque, logre cambiar la tendencia de concentración de la riqueza. 

Las evidencias demuestran que el Estado colombiano debe hacer mucho más de lo que está haciendo. 

La visión no se puede quedar en la creación de programas asistencialistas, aunque ellos son importantes. La tarea debe ir hacia una revisión estructural de las políticas públicas para asegurar que los beneficios económicos o sociales de cualquier naturaleza estén dirigidos de forma prevalente a quienes más los necesitan. 

Es inaceptable, por poner un solo ejemplo, que las pensiones de los ricos estén siendo subsidiadas y que dicho subsidio sea más alto que el que reciben los más pobres. 

En efecto, el 20% más rico de la población recibe más del 80% del subsidio que se da a través de las pensiones, y al 20% más pobre le llega únicamente el 0,1% (Nuñez, 2009; tomado de Último Informe de Colpensiones a la Corte Constitucional).

En lo que se relaciona con el papel que cumple el Estado como principal regulador e interventor de la economía, hay también un espacio muy importante para trabajar una política contra la inequidad. 

Es preciso revisar las regulaciones técnicas sectoriales, para ver si dichas normativas se justifican a la luz de las normas de la libre competencia, y evitar que se estén creando barreras de entrada artificiales que protegen a ciertas elites económicas. 

Como dice Joseph Stiglitz, mucha de la inequidad que existe hoy en día es el resultado de políticas del gobierno, tanto por lo que el gobierno hace, como por lo que deja de hacer (The Price of Inequality, 2013). 

Así mismo, es indispensable formalizar las tierras que están bajo la tenencia legítima de las clases menos favorecidas, para lograr insertar esos capitales en la economía formal y facilitar que dichos activos puedan servir para la inserción de los pobres en el crédito bancario. 

Para estos fines, la reciente ley de garantías mobiliarias también puede jugar un papel muy valioso.