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martes, 5 de julio de 2016

Así como los comerciantes no desean ser confundidos con los contrabandistas, los mineros no desean ser confundidos con estas personas, sobre todo, porque generan problemas muy serios, como el abandono de los frentes de explotación sin cierre técnico ni ambiental alguno.

Mientras los concesionarios del Estado tienen la obligación de contar con un plan de cierre y desmantelamiento de frentes de explotación e infraestructura, desde las perspectivas minera y ambiental, los explotadores ilegales en cualquier momento deciden dejar el área, con todos los pasivos mineros y ambientales causados y sin remediar. Grandes titulares de prensa denuncian esta situación y se refieren a las dificultades que esto genera y a la ausencia de un doliente que asuma la responsabilidad de corregir estas situaciones. Hasta los propietarios de los predios desaparecen del mapa y las huellas quedan para ser sufridas por el entorno, sin una solución clara en el inmediato futuro. 

La ley 1753 de 2015 o Ley del Plan a la par que reiteró, de manera tajante, la obligación de los concesionarios del Estado, con el adecuado manejo del cierre de sus minas, también se refirió a las explotaciones abandonadas irresponsablemente. En relación con los primeros dijo la ley que el Gobierno Nacional establecería “las condiciones ambientales, técnicas, financieras, sociales y demás que deberá observar el titular minero al momento de ejecutar el plan de cierre y abandono de minas, incluyendo el aprovisionamiento de recursos para tal fin y sus garantías.” 

Para el segundo caso, estableció que el Gobierno Nacional debería “establecer y liderar la puesta en marcha de una estrategia integral para la identificación, atención y remediación ambiental de las áreas mineras en situación de abandono o que hayan sido afectadas por extracción ilícita de minerales especialmente aquellas que representen una grave afectación ambiental, un riesgo para las personas, sus bienes y actividades, e infraestructura de línea vital”. 

Aun cuando es innegable la importancia de esta disposición normativa, para nadie es un secreto que como todos los problemas graves, su solución depende de contar con adecuados y suficientes recursos económicos y técnicos. Es aquí donde la norma se queda corta, dado que no fija lineamientos para la obtención de los mismos. Sin dinero, la estrategia no puede ser efectiva. Para los mineros concesionarios del Estado, se exigen las garantías y ahora se piensa en fondos para ahorrar recursos que garanticen un cierre adecuado de las minas, a fin de garantizar el uso post-minería adecuado con los usos del suelo definidos por las autoridades. 

En el caso de los ilegales, no existen herramientas como estas para asegurar que bien sea el Estado, o los responsables de estos desastres, asuman su restauración y la recuperación de los suelos degradados. La minería es indispensable para el país, la extracción ilícita en cambio es un flagelo que debe ser controlado. Lo cierto es que mientras haya quien consuma estos minerales, difícilmente lograremos acabar con esta actividad. Urge la armonización de la estrategia de persecución de la extracción ilícita, con esta nueva estrategia que debe diseñar el Estado para las zonas donde se adelantaron estos trabajos y que fueron irresponsablemente abandonadas.