Centrales obreras pedirán prorrogar el plan de acción laboral con EE.UU.

Las centrales obreras colombianas pedirán formalmente esta semana al Gobierno de Estados Unidos que se prorrogue hasta 2018 la entrega de resultados del plan de acción laboral que adoptaron los dos países, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Así lo afirmó a LR el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez. El dirigente gremial dijo que las centrales obreras están solicitando está extensión en el tiempo del plan de acción Obama-Santos, ya que todavía no se han cumplido aspectos en materia de libertad sindical, nombramiento de inspectores de trabajo y, en general, hay una falta de garantías para el ejercicio laboral.

“Se supone que ese plan tendría que estar concluyendo este año y vemos que no va a ser factible cumplirlo. Hay que prorrogarlo en el tiempo, por lo menos hasta el final del actual mandato de Juan Manuel Santos”, afirmó Gómez.

Antecedentes
El 7 de abril de 2011 los dos países suscribieron el “Plan de acción de Colombia y Estados Unidos para los derechos laborales”. La finalidad del convenio era proteger los derechos internacionalmente reconocidos, prevenir la violencia contra sindicalistas y castigar a los autores de estos actos violentos, según un informe de cumplimiento del Ministerio de Trabajo realizado este año.

Avances y pendientes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que Colombia ha avanzado en los principios y derechos de los trabajadores, pero todavía hay temas pendientes como la libertad sindical, según lo señaló su director, Guy Ryder.

Luis Miguel Morantes, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC), dijo que si bien la violencia en contra de los trabajadores ha disminuido, aún hay prácticas de persecución sindical o de una “política anti-sindical, que por distintos medios busca que un sindicato no prospere”. Sin embargo, el líder precisó que esta situación no ocurre en todos los sectores y que sí hay excepciones.

Julio Roberto Gómez explicó que hacen falta más instrumentos para sancionar y llevar a la cárcel empleadores que atentan contra esa libertad sindical. “Este es un clima de impunidad”, dijo.

Un informe del Ministerio de Trabajo indica que “el Gobierno colombiano ha reconocido que aún persisten importantes desafíos que impactan el trabajo formal, la plena garantía de derechos y de las libertades fundamentales de los ciudadanos y la superación de la violencia -incluida aquella cometida en contra de sindicalistas”.

No obstante, asegura que el Gobierno “ha cumplido puntualmente los compromisos”. Uno de esos tiene que ver con el fortalecimiento institucional: la creación del Ministerio de Trabajo y de 480 nuevos cargos de inspectores de Trabajo. Estas son las personas encargadas de la vigilancia e inspección y de velar por que se cumplan las disposiciones en materia de horas de trabajo, de salarios, seguridad y bienestar.

Dentro de sus funciones tienen la visita de inspección “in situ” a las diferentes empresas ubicadas en el territorio nacional. En los últimos dos años los inspectores se duplicaron. Hace dos años eran apenas 420, ya se van por 714 y la meta del presidente Santos es llegar a finales de este año o principios del próximo a 904, uno de los compromisos del plan de acción.

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, recordó que los 190 cargos nuevos serán para mujeres, como lo había anunciado el Jefe de Estado, Juan Manuel Santos. En estos momentos se está en un proceso por meritocracia.

El presidente del Central de Trabajadores de Colombia dijo que con la creación del Ministerio de Trabajo en este Gobierno la inspección ha mejorado; no obstante, manifestó que son muy pocos y la labor es aún muy deficiente.

El viceministro de relaciones laborales e inspección, Enrique Borda, aseguró que con la Organización Internacional del Trabajo se han venido desarrollando varios programas de fortalecimiento de la formación de los inspectores y de cómo se deben hacer las investigaciones de carácter administrativo.

Con la Comisión Especial de Tratamientos de Conflictos se han tratado 77 casos y se han logrado 46 acuerdos.

Sigue el análisis sobre recargos nocturnos
Mientras que los grupos sindicales conversan sobre el futuro para garantizar la protección de sus derechos, las regiones también están manifestando su preocupación por las modificaciones que el Ministerio de Trabajo quiere hacer a los recargos nocturnos, el salario mínimo y la formalización laboral. El último turno le tocó al Atlántico, en donde el ministro Garzón y el senador Armando Benedetti escucharon las inquietudes sobre estos temas. “Estamos abiertos a todas las discusiones para llegar a una propuesta que nos lleve al trabajo decente garantizado para el país, de largo plazo y calificados”, dijo Garzón.

La opinión

Luis miguel morantes
presidente de la CTC
“Aún hay prácticas de persecución o de una política anti-sindical, que por distintos medios busca que un sindicato no prospere”.