• Natalia Arteaga

miércoles, 28 de enero de 2015

Las cartelizaciones empresariales parecen no terminar y ayer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que le puso pliego de cargos a ocho empresas de vigilancia y seguridad privada y a 32 personas por colusión o acuerdos anticompetitivos en licitaciones públicas.

La falta fue tipificada como delito en Colombia hace un par de años y por esa razón, a los presuntos responsables de este nuevo cartel, del que hacen parte Centinel y Expertos, se les agravaría más la situación, ya que de ser hallados culpables no responderían solo por la falta administrativa que les dejaría multas de hasta $64.435 millones a las compañías, y de $1.288 a los naturales, sino que además enfrentarían procesos penales.

Las empresas que se habrían cartelizado en 252 procesos de contratación pública por un valor de más de $320.000 millones, adelantados ante 149 entidades estatales durante 2010, 2011 y 2012, son: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi y Security Management Group.

En el grupo de las personas ‘salpicadas’ con responsabilidad en el caso hay accionistas, administradores, empleados y exempleados de las mencionadas sociedades entre los que se encuentran: Jorge Arturo Moreno Ojeda, Polo Ávila Navarrete, María Aurora Moreno Ojeda, Leonidas Aponte Cristancho, Luis Rubén Moreno Ojeda, Neftalí Sáenz Riaño, Carlos Rafael Moreno Cubillos, Claudia Andrea Ocampo Arias, Jorge Ariel Palacio Sánchez, Angélica María Moreno Cuellar, Liliana Amparo Barrera Cuellar, Lili Johana Sánchez Martínez y Nidia Vizcaino Moreno.

Contra el acto administrativo por el cual se formularon los pliegos de cargos no procede ningún recurso ante el órgano de control dirigido por Robledo.

La investigación se inició en 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en la que se explicaba que varias empresas que se presentaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública.

Dice Hernán Ruiz, de Hernán Ruiz Abogados, que la cartelización se da porque es la vía más sencilla que encuentran las empresas para asegurarse de participar en ‘jugosos’ contratos y que afortunadamente la actual administración del ente de control le ha puesto la lupa a estos casos de competencia desleal.

El experto también asegura que no conoce ningún otro caso en el que el delator haya sido una persona natural, ya que siempre lo han hecho figuras jurídicas.

También es penal
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación en primera fase a 16 de 32 personas naturales que hacen parte del caso, según confirmó el vicefiscal General Jorge Fernando Perdomo Torres. El funcionario del órgano judicial indicó que la entidad ha tomado la decisión de imputar el delito de acuerdos restrictivos de la competencia.

Aseguró Perdomo Torres que “se logró determinar que este presunto cartel no solo tiene un contenido ilícito para la actividad de la Superindustria, sino que también puede tener una connotación de carácter penal. Es decir, aquí, en este presunto cartel se pudieron haber cometido delitos”.

Hay que tener presente que la colusión en licitaciones afectan la competencia y el patrimonio del Estado, ya que aumentan los precios de los bienes y servicios que este contrata para cumplir con sus funciones.

De acuerdo con la organización dirigida por Eduardo Montealegre, la decisión se tomó por la actuación administrativa adelantada desde 2011 por la SIC, que le permitió evidenciar que varias empresas del sector de vigilancia , aparentemente competidoras entre sí, habrían realizado acuerdos para asegurar que una de las empresas mencionadas, resultara beneficiada en los procesos licitatorios adelantados en entidades públicas como: la Secretaría de Integración Social de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, el Sena, y la Gobernación del Meta. Esta situación afecta a los oferentes que no hacían parte del cartel. El Artículo 410 del Código Penal, señala que los acuerdos restrictivos de la competencia dan penas privativas de la libertad que van desde seis a 12 años. Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) prueban que las adquisiciones del sector público representan en promedio 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país.

Dichos recursos que son manejados por aproximadamente 2.000 entidades de Gobierno, lo que convierte a la contratación pública en un componente clave de la actividad económica.

Hay un delator colaborando
En diciembre de 2014, el exrepresentante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento.

La actuación de esta persona culminó con la efectiva suscripción de un Acuerdo de Colaboración por Delación, según el cual, como persona natural, recibirá la exoneración total de la posible sanción a imponer, de acuerdo con lo establecido en la ley. El cartel anticompetitivo, buscaba lograr la adjudicación de contratos, cuyo valor ascendía a una suma superior a $320.000 millones.

Las opiniones

José Fernando perdomo
Vicefiscal general de la nación
“Se logró determinar que este presunto cartel no solo tiene un contenido ilícito para la actividad de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que también puede tener una connotación de carácter penal. Es decir, aquí, en este presunto cartel se pudieron haber cometido delitos de la naturaleza de la colusión”.

Hernán Ruiz
Abogado de Hernán Ruiz Abogados
“La cartelización se da porque es la vía más sencilla que encuentran las empresas para asegurarse de participar en ‘jugosos’ contratos. Afortunadamente la SIC le ha puesto la lupa a estos casos de competencia desleal. No conozco otro caso en el que el delator sea una persona natural, siempre lo hacen personas jurídicas”.