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  • Natalia Cubillos Murcia

miércoles, 25 de mayo de 2016

La propuesta implica modificar el artículo 78, 88, y 89. De acuerdo con Guerra, con esto se busca lograr “algunas garantías procesales para las personas que en medio del conflicto y obrando de buena fe adquirieron predios que hoy día son reclamados al interior de un proceso de restitución de tierras”, tal y como lo demuestra en la exposición de motivos. 

María Fernanda Cabal también defendió la postura, y siendo del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró que lo que pretenden es “defender a campesinos que compraron de buena fe y están siendo despojados por el Estado”.

Algunos piensan lo contrario pues a los actuales artículos se les propone requisitos adicionales. El artículo 78 quedaría así “establece el criterio de violencia para que pueda operar la inversión de la carga de prueba, es decir solo se invertirá la carga de la prueba a favor del solicitantes, si la conducta del demandado u opositor, puede relacionarse de manera directa con los hechos que generaron el despojo”.

En el 88, se adiciona que el Juez de Restitución de Tierras, ordenaría “las compensaciones a que haya lugar, en los casos en los cuales el opositor, acredite que sus actos se llevaron a cabo bajo el concepto de “Buena fe exenta de culpa” y en el artículo 89 el mismo juez deberá “practicar por lo menos la totalidad de las pruebas solicitadas por el opositor, antes de proceder a proferir sentencia”.  La idea es descabellada, según comentó la senadora Claudia López e implicaría un retroceso en lo aprobado con la Ley. 

“Lo que pretende es derogar en la práctica la restitución de tierras a las víctimas. Lo que viene a ser el punto crucial en esa ley es que se le trasladó la carga de la prueba al despojador”, aseguró. “Lo que pretende el senador es que volvamos a poner la carga sobre la víctima, que demuestre que fue despojada por quién... y eso le da la favorabilidad al despojador”, dijo.

La opinion

Claudia López
Senadora de la Alianza Verde
“Lo que pretende el senador es que volvamos a  poner la carga sobre la víctima, que demuestre que fue despojada, por quién... eso le da favorabilidad al despojador... eso es acabar con la protección a víctimas”.

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