Bogotá: ¿planeamos una ciudad de calidad a largo plazo?

Lo que tienen en común, y que tal vez es el éxito de sus modelos, es que son ciudades pensadas y planeadas a largo plazo, y sobre las que se han hecho estudios que permiten tomar decisiones sobre índices adecuados de edificabilidad.

Aunque las ciudades latinoamericanas responden a experiencias de planificación tardía y dinámicas particulares en su poblamiento, la visión a largo plazo siempre será un ejemplo positivo. Esto es uno de los elementos que hoy le falta a Bogotá en donde, de manera contraria, se dio vía libre a la construcción de edificios sin tope de altura en más de 7.000 hectáreas de la capital. Así lo refleja el decreto de renovación urbana 562, que ha generado polémica entre los bogotanos. Un decreto que no garantiza el soporte urbano adecuado para que todos cuenten con redes de servicios públicos, malla vial y espacio público, y que profundiza problemas que ya enfrenta la ciudad. 

Es fácil deducir que la aplicación de una norma como este decreto pondría en riesgo, además de la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad de la actividad constructora en el largo plazo. Es por esto que para sorpresa de muchas personas, el gremio de la construcción no ha visto con buenos ojos esta norma que podría parecer benéfica para el negocio.

Los análisis y modelaciones que se le han hecho a esta norma, desde lo jurídico y lo técnico, arrojan como conclusión que a pesar de que la norma parece beneficiosa para la construcción en el corto plazo, su incidencia en el mediano y largo plazo resultará contraproducente para la calidad urbanística de la ciudad. Así lo han entendido los constructores con una visión de largo plazo para quienes el compromiso, más allá de levantar edificaciones, es la construcción de ciudades de calidad.

Para la aplicación de este tipo de decisiones, es necesario primero superar las limitaciones en infraestructura. Tal como lo hicieron los referentes internacionales, se debe estudiar y planear cómo atender el incremento en usuarios de las redes de servicios, en el número de transeúntes, en la cantidad de vehículos que circulan por las vías, en el espacio público disponible para que los habitantes cuenten con la calidad de vida que merecen y con sistemas multimodales de transporte.

Es claro que una norma mal elaborada es una norma socialmente costosa. Además, Bogotá no necesita tener normas de corto plazo, sino que requiere y merece una rápida ejecución de lo ya planeado. Es decir, poner al día el atraso en la adopción de varios planes parciales y la puesta en marcha de los demás instrumentos de planeación existentes que, luego de más de una década, siguen estancados. De esta manera, con reglas claras y pensadas a largo plazo lograremos hacer de la nuestra una ciudad de calidad.