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“Tal actuación ha transferido sus efectos a la economía real, por cuanto al distorsionar el precio de las divisas frente al Bolívar, se incide directamente en los niveles de inflación y por ende atenta contra el poder adquisitivo del pueblo venezolano”, se destaca en el comunicado publicado en la página web del BCV.
Agrega el organismo que “la actividad denunciada ha propiciado el arbitraje cambiario que afecta el normal desenvolvimiento de los mercados formales de divisas, a los cuales debería dirigirse la oferta de moneda extranjera bajo estándares de transparencia y seguridad, todo lo cual conspira contra los objetivos de política cambiaria diseñada por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela”.
El pasado 21 de octubre, el Gobierno venezolano a través del BCV interpuso la demanda en la corte norteamericana y reiteró que “ejercerá todas las acciones y diligencias que estime necesarias para defender los intereses supremos de la Nación, contra cualquier intento de perturbación del normal orden económico y financiero de la República”.
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