• Colprensa

domingo, 19 de abril de 2015

El dato se convierte en una nueva y muy clara alerta sobre las posibilidades de corrupción o desgreño administrativo que atentan contra los recursos del Estado. El análisis hecho por la Sociedad, en cabeza de su presidenta, Diana María Espinosa Bula, es que ese fenómeno puede explicarse en que la mayoría de las licitaciones que abren las gobernaciones y las alcaldías se hacen con pliegos tan complicados, dirigidos o, incluso, amañados, que apenas una o dos firmas de particulares pueden participar en la competencia. 

El estudio, dirigido por el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández, incluyó las tres modalidades de contratación posible por los entes territoriales: licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos abierto, teniendo en cuenta los registros de cierre de las licitaciones y sin incluir a Bogotá. Las razones de esa exclusión fueron el tamaño de la contratación en esa ciudad y el hecho de que una investigación similar, en la que sí contaba la capital, la estaba adelantando la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Los técnicos de la SCI aseguran que, pese a la carencia, saben que es similar el comportamiento de la contratación en Bogotá con el resto del país. 

La cantidad de dinero que refleja el estudio es significativa, pues el año pasado alcanzó los quince billones de pesos, divididos en 9,4 billones contratados por los municipios y 5,6 billones por los departamentos. La mayoría de recursos resultaron adjudicados por licitación pública (7,2 billones de municipios y 4,9 billones de gobernaciones), lejos de lo que se entregó por selección abreviada (1,7 billones en municipios y 0,4 billones en gobernaciones) y por concurso de méritos (0,5 billones en municipios y 0,3 billones en gobernaciones). 

Algunas de las cifras generales que demuestran la escasa participación de oferentes para el reparto de los recursos estatales son estas: cuando los municipios abrieron licitaciones públicas el año pasado, solo cinco recibieron en promedio más de diez oferentes (Medellín, Pasto, Popayán, Manizales y Pereira), contra 1106 en los que en promedio se presentaron tres o menos propuestas. Cuando se hicieron procesos de selección abreviada, solo en Popayán hubo más de seis oferentes en promedio, mientras 1106 municipios se mantenían en la escasa cifra de tres o menos. Y cuando la opción fue concurso de méritos, Barranquilla mostró el mejor promedio, aunque apenas superando los cinco oferentes, contra 1116 localidades en la franja de tres o menos. 

La tendencia es la misma cuando se analizan las cifras de los departamentos. Antioquia, Caldas, Nariño y Risaralda muestran promedios que tranquilizan (por tener los más de diez oferentes promedio deseados), pero entre 24 y 29 departamentos apenas recibieron tres o menos oferentes para sus procesos en los tres tipos de contratación posibles. 

La presidenta de la SCI cree que tras conocer estos resultados el Gobierno debe trazarse como objetivo un ajuste reglamentario para garantizar la transparencia en la adjudicación de los recursos, aunque advierte que el problema no está tanto en las leyes vigentes, sino en la gente que las aplica y que termina encontrando esguinces, especialmente a través de la elaboración de pliegos para las licitaciones. 

“Se trata de eso, de la construcción de pliegos que terminar dirigidos para que participe una sola firma o dos y del uso de otros recursos, como cuando se hace selección abreviada, para la que se cumple el requisito de que haya multitud de empresas que dicen estar interesadas en participar (a veces hasta 60, entre las que la ley pide escoger una decena por una rifa), pero al final solo uno o dos de los elegidos entregan papeles; la explicación tiene que ser que ese listado inicial está confeccionado por bases de datos manejadas por terceros, con firmas que no existen, que son de partes lejanas del país o, incluso, que son sumadas al proceso sin que ellas lo sepan”. 

La ingeniera Espinosa Bula dice que el principio mal entendido y mal manejado de la autonomía territorial está generando una situación muy grave en la contratación pública. “No de otra manera se explica que con las mismas normas, haya sitios en que todo opera muy bien. Ahí está el caso de Manizales, en donde el promedio de licitantes es de 78 y sube a más de cien si solo miramos obras civiles, o el de Nariño, donde el promedio es de 48 en algunos casos”. 

Cita el principio de autonomía porque la Sociedad de Ingenieros cree que la solución puede estar en tomar más acciones desde el Gobierno Nacional, como obligar a usar pliegos unificados cuando se entregan recursos para obras similares o plantear la creación de un ministerio de infraestructura, con entidades descentralizadas a través de las cuales se gestionen buena parte de los recursos. 

“La mejor prueba de esa necesidad son las tareas que se le asignaron a la Vicepresidencia de la República en este periodo de gobierno; desde allí se están coordinando trabajos de infraestructura de tres ministerios, eso debemos unificarlo en una cartera, que hoy es una necesidad para la ingeniería colombiana”. 

Los resultados de la CCI 

El fenómeno lo alerta también la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su presidente Juan Martín Caicedo Ferrer lo dice claro: “Si bien es cierto que los tentáculos de la corrupción parecen ensañarse por estos días con la rama judicial, sus alcances se perciben de igual manera al revisar la contratación de obra pública en las regiones. Para comprobarlo, solo hace falta dar un vistazo a las conclusiones del Observatorio de Contratación de la Cámara (el estudio arriba señalado), según las cuales un 65% de los procesos licitatorios abiertos en los municipios del país durante 2014 terminaron favoreciendo una única oferta. En Bogotá, el 58% de los procesos adelantados por las alcaldías locales terminaron dándole luz verde a una sola propuesta”. 

Caicedo interpreta de esas cifras “un sistemático proceder de algunas entidades territoriales, que se han dedicado a confeccionar las condiciones de los contratos a la medida de intereses particulares. Esta es una mafia que se enquistó en el territorio nacional”. 

El dirigente asegura que la única manera de frenar ese flagelo es implementando pliegos ‘Tipo’, un mecanismo que unifique las reglas del juego a la hora de contratar. 

En el fondo de todo, coinciden la ingeniera Espinosa y Caicedo Ferrer, está la componenda entre contratación y política, que genera el círculo vicioso de particulares que patrocinan costosas campañas políticas, con la promesa del candidato de que una vez elegido retribuirá ese apoyo a través de contratos públicos. 

El Estado  estudia la situación

El peso de los resultados encontrados por los estudios de la Sociedad de Ingenieros y de la Cámara de Infraestructura aún no se traduce en acciones de parte del Gobierno o de entidades de control. Sí hay señales de que han acusado la alarma y de que estudian maneras de controlar las que a todas luces son irregularidades en el sistema de contratación. 

La Presidencia de la República recibió las investigaciones, pero el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, se limitó a decirle a COLPRENSA: “Celebramos la contribución de ambos estudios a la compresión de los desafíos y riesgos de la contratación pública. Estudiaremos con detalle sus conclusiones y recomendaciones en una mesa de trabajo con Colombia Compra Eficiente”. 

Agregó un llamado a otras entidades del sector privado y a la ciudadanía en general para multiplicar este tipo de aportes, que considera útiles para mejorar la política pública de transparencia. “Necesitamos respuestas estructurales para problemas estructurales. Las buscaremos sin descanso”. 

En la misma línea, la Contraloría General de la República se abstuvo de hacer un “pronunciamiento de fondo”, pues de manera oficial explicó que conoce los informes y tiene la intención de “utilizarlos como insumo para hacer un diagnóstico sobre el tema y una propuesta concreta de parte de la entidad”.