Automotores, ¿sin el pan y sin el queso?

Uno de los sectores que mayor transformación ha tenido en el mundo global es el de la industria automotriz, a tal punto que el consumidor que adquiere un vehículo, solo compra una marca, pues no tiene la menor idea del lugar donde han sido ensamblados o fabricados la máquina o sus componentes. En ese orden, no se puede hablar de una industria nacional y en ese mismo sentido, los mecanismos de protección y apoyo deben tener todo el sustento técnico y transparencia para evitar que se dé una transferencia injusta de recursos o subsidios hacia el exterior.

Son tiempos muy distintos a los de hace décadas, en los que se consideraba que era posible montar una industria productora de todo tipo de carros, para lo cual se utilizaban los mecanismos arancelarios y para-arancelarios para proteger esa incipiente actividad. Con razón y sin ella, se planteaba que era una apuesta de largo plazo, idea inspirada en un modelo de desarrollo endógeno. Ahora esa creencia está  revaluada. Como consecuencia de esa política de altos aranceles, los precios de los vehículos ensamblados internamente alcanzaron niveles irracionales. 

Países como Chile tomaron la decisión sin contemplaciones: apertura total a las importaciones de carros con bajos aranceles, pues consideró que esa industria nunca se iba a desarrollar dentro de sus fronteras y no se podía seguir castigando a sus consumidores y protegiendo a un grupo élite. En nuestro país, el esquema adoptado fue más tímido y gradual. Desde comienzos de los noventa, se redujeron los gravámenes y se abrió a la entrada desde el exterior de vehículos. En un principio, las ensambladoras se declararon alarmadas alegando que se iba a acabar con la industria nacional, pero luego se fueron acomodando a la situación, al punto de convertirse ellas mimas en los principales importadores.

La industria de autopartes, que alcanzó un gran dinamismo hasta hace algún tiempo, también reclama protección frente a las piezas importadas, que en un buen porcentaje es traído por los mismos fabricantes. La realidad es que la información que posee esta actividad es muy precaria para sustentar decisiones de política y la argumentación de defensa del trabajo y el empleo requiere de un trabajo más serio y técnico.

El Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia) tiene que ser claro y con objetivos precisos en el tiempo, pues no se puede caer en el mismo modelo de protección indefinido y a ultranza que tuvo el ensamble de vehículos en nuestro país y en esa línea no se puede llegar a soluciones populistas como las de establecer un régimen excepcional de impuestos que incluya rebajas en el IVA y otras contribuciones, y menos establecer aranceles excesivos que terminan por pagarlos el consumidor, a quien supuestamente todos dicen defender.