jueves, 19 de septiembre de 2013
Aunque el presidente Juan Manuel Santos debe anunciar antes de que se acabe noviembre si aspirará o no a un segundo período, su presencia el martes en la inauguración de la Fundación Buen Gobierno fue entendida por varios, entre esos el expresidente Andrés Pastrana, como la “confirmación de su lanzamiento”. Tanto así, que el exmandatario solicitó al procurador Alejandro Ordóñez “la activación inmediata” de la Ley de Garantías electorales.
La norma que cita Pastrana es la misma que el Congreso sancionó en 2005, para garantizar la igualdad en la campaña electoral de 2006, histórica porque fue la primera vez que un jefe de Estado, entonces Álvaro Uribe Vélez, se proponía permanecer ocho años al frente del país.
La Ley 966 o de Garantías dispone que cuando el Presidente en ejercicio quiera ser candidato, deberá hacerlo oficial “seis meses antes de la votación de la primera vuelta”. Esta, en el caso del próximo año, se efectuará el domingo 24 de mayo, después de las de Senado y Cámara que se realizarán el 9 de marzo. Y, como en el caso de Gobernadores y Alcaldes no se aprobó la reelección, sólo es aplicable hasta ahora para la campaña presidencial.
La respuesta del ministerio público a la carta de Pastrana, enviada el miércoles, se conoció ayer. En una misiva, Ordóñez le “precisó” a Santos que, “hasta que no manifieste” su intención reeleccionista, “le está prohibido participar” en actos proselitistas “en beneficio propio o de terceros”. Y le advierte además que como no se ha aprobado la ley estatutaria que establezca los términos y las condiciones que avalarían intervenciones políticas, “debe entenderse que dichas actividades están prohibidas”.
Opiniones divididas
Manuel Quinche, constitucionalista de la Universidad del Rosario, cree sin embargo que la solicitud del procurador es inoportuna, ni cree necesaria la activación prematura de la Ley. “Fue hecha para poner límites y evitar ventajas del candidato presidente, y en este caso aún no hay candidato. Hay que tener en cuenta que muchas actividades el Presidente las despliega en escenarios inevitablemente políticos, pero ello no necesariamente implica proselitismo”, dijo.
En cambio Óscar Iván Zuluaga, precandidato presidencial del Centro Democrático, está de acuerdo con las recomendaciones de Ordóñez y que la Ley de Garantías “se anticipe” si Santos se decide. “Es importante en aras de que haya garantías para los sectores de oposición como nosotros. Lo que no puede es jugar con la Ley para promover actos políticos y buscar recursos para el financiamiento de su campaña.
Y considera, además, que el Jefe de Estado sí realizó un acto de proselitismo. “El propósito de la fundación es asegurar el financiamiento de su reelección. Él mismo la definió como el brazo político de su campaña. Esa no es una ONG, sino quien coordina la reelección y busca asegurar recursos económicos”.
El senador y copresidente vocero del Partido Verde, Rodrigo Romero Hernández, considera igualmente “prudente” el llamado de la Procuraduría a Santos, pues a pesar de que no hizo política “directamente”, sí se trató de un acto que tiene sus implicaciones. “El Presidente no ha dicho si va a ser candidato o no. En tanto, es pertinente que se abstenga de hacer esos actos políticos, porque estaba inaugurando una sede política. Me parece necesario que esas participaciones se corrijan”.
La 966 establece cinco restricciones para el mandatario-candidato, “durante los cuatro meses anteriores a la fecha de votación en primera vuelta, y hasta la segunda”. Y prohibe también la contratación directa por parte del Estado, a excepción de que sea para la defensa y seguridad nacional, o atender emergencias y reconstruir infraestructuras afectadas por atentados, y desastres.
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