• Juliana Ramírez Prado

miércoles, 18 de enero de 2017

El ente investigador precisó que la exfuncionaria que estuvo en esa cartera durante el actual Gobierno (3 de septiembre de 2012 al 19 de agosto de 2014), asistirá en calidad de testigo y ello no representa, por ahora, vinculación al proceso.

Cabe recordar que el contrato de Concesión 001 de 2010, fue celebrado el 14 de enero de 2010 para que Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la cual hacia parte la brasileña, diseñara, financiara, obtuviera las licencias ambientales y demás permisos, adquiriera los predios, rehabilitara, construyera, mejorara, operara y mantuviera el trayecto comprendido entre Puerto Salgar y San Roque (Sector dos de Ruta del Sol).

Posteriormente, mediante el otro sí número 3 del 15 de julio de 2013 se adicionó el contrato por $3.177 millones, para elaborar los estudios y diseños de una “nueva obra” que no estaba contemplada inicialmente en el pliego de condiciones ni en el contrato, como lo es la vía Ocaña-Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco y la vía de acceso a los demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a cinco kilómetros de distancia del casco urbano de Gamarra, incluidas las variantes de Aguachica y Ocaña.

Sin embargo, previa suscripción de dicho otro sí, el Instituto Nacional de Vías (Invias) había firmado el contrato 2219 de 2011 con el contratista Ayesa, cuyo objeto era realizar los “estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguaclara-Ocaña-Sardinata-Astilleros-Cúcuta, Ruta 70 Norte de Santander”.

Es decir, que otra entidad estatal ya había asumido competencia para adelantar la estructuración de ese proyecto y lo que debía seguir era una licitación pública para ejecutar la obra diseñada.

Sin embargo, mediante un nuevo otro sí, número seis del 14 de marzo del 2014 se adicionó el contrato por $676.806 millones y se prorrogó el plazo de la concesión por cinco años más, para un total de 35 años.

Ana María Moncada, socia de Moncada Abogados y experta en infraestructura y contratación pública explicó que “analizando el objeto del contrato principal y la obra adicionada, esta adición tenía una entidad independiente del objeto contractual principal; y en tal virtud, reunía las condiciones para que se adelantara un proceso de contratación independiente mediante una licitación pública”.

“Por tratarse de un otro sí a una concesión preexistente, no se garantizó concurrencia de participantes, y quedando los estudios y diseños bajo responsabilidad del mismo concesionario que se encargaría de la construcción. Según los documentos contractuales, fue el Concesionario el que realizó la estructuración financiera”, agregó Moncada.

Finalmente, la Fiscalía también deberá indagar si la adición al contrato de concesión tuvo lugar en la época en la que aplicaban las restricciones a la contratación pública que contempla la Ley de Garantías Electorales, es decir, cuatro meses antes de la elección presidencial.