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martes, 17 de septiembre de 2013

Días difíciles atraviesa la industria minera del país. Paros de mineros tradicionales, proyectos en vilo, huelgas en las grandes operaciones, precios de mercado bajos e incertidumbres ambientales para las nuevas inversiones y para los proyectos en ejecución.

Son altas las expectativas que tiene el sector minero con la llegada del Dr. Amylkar Acosta al cargo de Ministro de Minas y Energía, por su amplia trayectoria y profundo conocimiento del sector. Su participación desde el Congreso de la República en el diseño de la que fue una “nueva política pública”, plasmada en la Ley 685 de 2001 con el propósito de impulsar en forma definitiva este sector, puede significar que por fin se puedan desarrollar las ideas que inspiraron los cambios normativos, y que pretendían profesionalizar esta actividad a través de proyectos que fueran técnica, económica, social y ambientalmente viables. 
 
Varios temas están sobre el tapete, que el nuevo Ministro tendrá que resolver. Como lo señaló el Señor Procurador General de la Nación en su oficio de días pasados, dirigido a los salientes ministros de Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible: “el estado no puede ni criminalizar ni renunciar a desarrollar la industria extractiva responsable, pues un país en el que el 37.8% de su población es pobre, que tiene una tasa de desempleo del 10.2% y una de subempleo subjetivo del 31.4%, no puede desechar una actividad que, a pesar de haber estado cerrada para nuevos proyectos durante 2 años y medio, genera 300 mil empleos, produjo regalías entre 2008 y 2012 que superaron los 8 billones de pesos, representó en el 2012 el 2.4% del PIB y se espera que para el 2020 ascienda al 3.6% del mismo, es un vehículo eficiente para promover la inversión extranjera, la construcción de infraestructura, la generación de ingresos necesarios para financiar la inversión social a cargo del Estado y, muy importante, es un sector económico en el que participan y pueden participar desde familias hasta grandes compañías multinacionales. 
 
Esas razones llevaron a que en la Ley 1450 de 2011 se incluyera al sector al sector minero como una de las columnas vertebrales de financiación del Plan de Desarrollo, y bajo ese supuesto se plantearon las reformas que requería el Estado para hacer de ese sector la “locomotora” que contribuiría a la prosperidad de la Nación.” Por ello, será tarea del nuevo Ministro de Minas y de la nueva Ministra de Ambiente, viabilizar para el país ese desarrollo minero fluido, sin tropiezos, con garantías y sostenible que el país necesita, a pesar de las dificultades que estamos atravesando. La reorganización en la arquitectura del Estado esta arrojando frutos. Contar con un Viceministerio para la minería, a cargo de una funcionaria comprometida con las necesidades del sector, una nueva Agencia especializada donde se trabaja con entusiasmo para poner al día los asuntos pendientes, constituyen un buen comienzo. 
 
En cuanto a los precios bajos de los minerales, es una situación que no puede ser resuelta por el Gobierno,  pero sí se debe mantener la competitividad del país. No se puede permitir que, por la coyuntura actual, se pierda la inversión. Nuevos actores como Nicaragua y Guatemala, disputan hoy la inversión extranjera en minería. Debemos avanzar en el conocimiento de la riqueza del subsuelo, para que más y mejores proyectos se logren desarrollar. 
 
Resolver las incertidumbres relacionadas con los aspectos ambientales tales como la ubicación geográfica y a escalas adecuadas de las áreas protegidas, aplicar en debida forma el régimen de transición normativa ambiental a los proyectos anteriores a la ley 99 de 1993, otorgar o imponer los instrumentos de manejo y control ambiental cumpliendo los términos de ley, facilitar el acceso a la tierra para la ejecución de los proyectos y simplificar la consulta previa de los mismos. 
 
La expedición del documento Conpes 3762 con lineamientos de política para el desarrollo de “proyectos de interés nacional y estratégico o Pines”, busca promover un plan de acción para el cumplimiento de objetivos, que permita que el desarrollo económico y social del país sea una realidad. Se sugiere en este documento establecer una estrategia de gestión pública para la planeación integral de este tipo de proyectos, que involucre aspectos ambientales, sociales, prediales, jurídicos y del territorio, a través de la coordinación interinstitucional. 
 
Así mismo definir mecanismos y medidas que racionalicen y optimicen los procedimientos y trámites incluyendo el fortalecimiento institucional y, finalmente, establecer acciones, mecanismos y escenarios que permitan adoptar medidas o soluciones de manera oportuna, en los procesos jurídicos, ambientales y sociales que surten estos proyectos.
 
Todos estos esfuerzos, de materializarse, serían grandes logros para dar fin a las incertidumbres que hoy aquejan a la industria. El anhelo es que este tipo de metas no sean exclusivas de los llamados, Pines sino para todos los proyectos mineros, que aun cuando no manejen altas cifras en lo económico, contribuyen al desarrollo regional y nacional.  En fin, las palabras del señor Procurador, merecen una profunda reflexión sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, para cumplir con  las expectativas de un país y una industria.