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miércoles, 18 de septiembre de 2013

El programa de concesiones viales de cuarta generación lanzado a principios de este año por la ANI es uno de los programas de concesiones carreteras más grandes del mundo, con una inversión de más de $26 mil millones de dólares, 40 proyectos para concesionar y más de 8.100 kilómetros de carreteras a ser desarrollados en los próximos años.

Ante este importante programa, y gracias a la enorme promoción nacional e internacional efectuada por la ANI, los grandes jugadores del sector de la infraestructura a nivel internacional pusieron sus ojos en Colombia. 
 
Esto con el objetivo de competir y resultar adjudicatarios de alguno de los proyectos con los cuales el Gobierno Nacional planea cambiarle la cara al país, por cuanto no es un secreto que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo nacional ha sido la falta de una infraestructura vial que permita la interconexión de las diferentes zonas y regiones del país.
 
 Es así como la ANI estructuró, en aplicación de la ley de asociaciones público privadas (recientemente aprobada), los primeros 9 grupos de concesiones (4 de ellos corresponden a las denominadas Victorias Tempranas y 5 a las Autopistas de la Prosperidad), y abrió en simultáneo la primera fase de precalificación para dichos grupos. 
 
Sin lugar a dudas, y aun cuando hay múltiples aspectos a ser resaltados durante esta primera fase (como el orden de las audiencias, el respeto entre los competidores y la transparencia y seriedad con la que la ANI ha llevado a cabo los procesos), el principal logro de esta fase es el nivel y categoría de las empresas que resultaron precalificadas. 
 
Entre ellas se encuentran algunas de las compañías más importantes del mundo en materia de infraestructura (como empresas de la talla de Cintra, OHL, Andrade Gutiérrez, Strabag, Iridium, Odebrecht, Vinci, Impregilo), la mayoría de las cuales están acompañadas de un socio local también de primer nivel, y que entrarán a competir en la segunda fase de la licitación pública buscando resultar adjudicatarias de alguno de los proyectos. 
 
Este hecho constituye un hito en la historia de las concesiones carreteras en nuestro país, toda vez que a la fecha no se había visto tan amplia participación de empresas de este nivel en los procesos de selección abiertos por el Estado. Por el contrario, los jugadores de talla internacional habían sido los grandes ausentes en las concesiones de proyectos de infraestructura. 
 
Lo anterior se debe en gran parte a la forma en la que la ANI estructuró la fase de precalificación, ya que, buscando seleccionar a aquellas empresas con un músculo financiero lo suficientemente robusto para asegurar el desarrollo de los proyectos, estableció en las invitaciones a precalificar unos altos estándares y exigencias en materia de experiencia en inversión. 
 
Así, exigió acreditar experiencia en financiación de proyectos de infraestructura entre $250 mil millones y $600 mil millones de pesos. 
 
Esto se encuentra plenamente justificado si se tiene en cuenta que, bajo el nuevo esquema de asociación público privada, el concesionario no recibirá ningún tipo de remuneración hasta tanto no haya culminado la fase de construcción, por lo que solo aquellas empresas con la capacidad suficiente para financiar un proyecto de infraestructura (a través de aportes de capital y deuda por el valor total de la inversión) serán capaces de ejecutar exitosamente este tipo de proyectos. 
 
Esto último se encuentra relacionado con otro aspecto a ser resaltado sobre tales concesiones viales de cuarta generación; consistente en la introducción de una nueva forma de financiar los proyectos de infraestructura. 
 
En efecto, bajo estas nuevas concesiones se estaría implementando un verdadero esquema de project finance, bajo el cual el concesionario estaría en la obligación de financiar la fase de construcción de las diversas unidades funcionales en las que se encuentra dividido el proyecto, y solo cuando la unidad funcional respectiva esté operativa y cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad establecidos en el contrato de concesión, el contratista empezará a obtener su remuneración, lo cual constituye todo un reto desde el punto de vista de la estructura de la financiación.
 
Este reto a nivel de financiación, así como su alta complejidad técnica, conlleva una nueva oportunidad de negocios y una clara dinamización de otros sectores conexos al de la infraestructura.
 
Así, los consultores, proveedores, constructores y asesores (financieros y legales) se verán beneficiados por estos nuevos proyectos, pues su participación resultará fundamental en la segunda fase de los procesos y, una vez adjudicados, en su exitoso desarrollo.