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martes, 12 de junio de 2012

La empresa paraguaya de telefonía Claro anunció ayer que responderá con una apelación a una sentencia judicial por supuesta activación de líneas telefónicas móviles sin autorización de las personas.

De acuerdo con fuentes de la empresa CTI Móvil (Claro), sucursal en Paraguay de la compañía telefónica que pertenece al magnate mexicano Carlos Slim, existe un fallo en contra en primera instancia que será apelado.

La recurrente fue una funcionaria judicial, la defensora pública Anahí Benítez, quien según decisión de la magistrada en lo civil y comercial, Judith Gauto, deberá percibir una indemnización total de 120 millones de guaraníes (unos US$28,000).

Benítez denunció ante la justicia que la telefónica activó, sin su conocimiento, tres líneas de teléfonos móviles, hace cinco años, y reclamó el pago por daños y perjuicios debido a responsabilidad extra contractual, según los antecedentes.

La demandante señaló que en marzo de 2007 adquirió una línea de la firma Claro, con factura fija y que luego, el 12 de octubre de ese año, recibió una llamada de una empresa de informes confidenciales, que le informó que estaba morosa en el pago de sus cuentas. Indicó que las líneas fueron utilizadas durante aproximadamente seis meses por personas desconocidas, quienes incluso hicieron llamadas de larga distancia, a Ciudad del Este, de varias horas, y en cualquier momento del día, hasta en la madrugada.

Ante los reclamos hechos por la defensora pública, finalmente, los encargados de la filial de Claro en Paraguay le manifestaron que no encontraron los pedidos de activación en los archivos y que no podían justificarlos.

La empresa opuso varias excepciones, que fueron rechazadas por la jueza Gauto, quien consideró que eran improcedentes, y agregó que utilizar fraudulentamente el nombre de una persona sin que ella la autorice constituye un delito.

El juzgado entendió, además, que es razonable la suma reclamada, como daño moral, por el perjuicio causado a la funcionaria, quien debería percibir como resarcimiento 61 millones de guaraníes (US$14,500) más 56.7 millones de guaraníes (US$13,500) de interés.

Los cálculos de intereses que devengaron la cuenta se realiza considerando como base el mes de octubre de 2007, y una tasa de 2.6% anual, como promedio, conforme a los datos recabados en esferas judiciales.

Según los expertos, este tipo de sanciones corresponden con el fin de establecer respuesta a los reclamos que presentan las personas naturales o entidades.

En este caso, se presentaron por parte de la Defensoría Pública que en la situación de búsqueda de pedidos para que se realizaran las activaciones, no encontró las bases fundamentadas para poder realizar las conexiones que se establecieron, no fueron pedidas por ningún usuario.

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