lunes, 22 de agosto de 2016
La pelea que enfrentan, que no se resuelve literalmente en un ring de boxeo sino en instancias legales, es por el cartel de cuadernos, en el que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ya ganó el primer round.
La decisión de la entidad, que se dio a conocer mediante la Resolución número 54403 de 2016, impuso multas a las tres empresas involucradas: Kimberly, con más de $29.640 millones; Carvajal, con $14.820 millones; y Scribe, con $11.720 millones. No obstante, tanto Kimberly como Scribe quedaron exoneradas de pagar multa, pues la primera fue delatora y la segunda actuó como sucesora en interés.
“Las acciones de un número limitado de nuestros ex empleados en Colombia son inaceptables. Abordamos los problemas de manera inmediata cuando salieron a la luz y seguiremos reforzando nuestro estricto código de conducta”, manifestó Kimberly en un comunicado.
Contrario a ello, y sumado a un cúmulo de razones, Carvajal difiere de la decisión de la SIC, y desde ya augura una batalla legal que perdurará.
¿Qué dice el abogado Archila?
Archila argumenta que la Delegatura de Competencia se apoyó exclusivamente en los elementos que aportaron los delatores y, por ende, desconoció lo que no se acomodó a esa versión. “En un país democrático (...) las empresas y toda persona es inocente, si no se demuestra, más allá de la duda razonable, lo contrario. La Delegatura de Competencia no estuvo ni cerca de lograr ese nivel de prueba o convicción”, le dijo Archila a LR.
A la lista de argumentos se suma el hecho de que, según el abogado, la investigación inició por unos hechos y se está acusando a Carvajal por otros. “La Delegatura inició la investigación acusando a Carvajal de unos hechos. Obviamente, de esos es que la empresa se defendió y respecto de esos pidió y aportó pruebas. Pero esa misma dependencia nos sorprendió, y ahora, cuando presenta el caso, varía los hechos, dejando a la empresa sin opción de presentar pruebas”, indicó el apoderado.
Para probar ello, expresa un ejemplo: uno de los cargos en la apertura de la investigación citaba una reunión en Bogotá en el segundo semestre de 2007, de la cual después, indican, no se hizo ninguna mención. El exsuperintendente también alegó que es inverosímil que hubieran existido acuerdos por 13 años y que nunca hubieran producido efectos; y que el análisis económico refuta la posibilidad de acuerdos, pero que el Delegado ni siquiera lo miró.
“Los estudios lo que evidencian es que el mercado ha presentado un crecimiento de competidores, una disminución del precio de los cuadernos en términos reales y que Carvajal Educación perdió participación en el mercado en el período 2002-2014”, señaló el apoderado.
También, Archila argumentó que hay testimonios contradictorios como el de Ángela Zapata (funcionaria de Scribe), quien, según dijo, “creó una versión de lo que se imaginó”.
¿Cuál es la posición de Robledo?
De acuerdo con la Resolución de la SIC, sus argumentos son: que está demostrado que el cartel empresarial generó efectos perjudiciales en el mercado. “La conducta afectó entre 53,8% y 77% del mercado de cuadernos”, señala el documento.
Así mismo, que Carvajal fue uno de los precursores del cartel y fue participante activo en todo el tiempo en el que se ejecutó el cartel empresarial, y además, que desarrolló estrategias que le permitieron determinar las condiciones del mercado y compartir información de índole reservada. Se suman a la lista que la persistencia de la conducta está dada por más de 13 años, lo cual implica que su conducta de cartelización es muy grave; y que la empresa ya ejerció su derecho de defensa.
Antecedentes
El cartel de cuadernos que inició en 2001 se habría mantenido, según información de la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta principios de 2014. Además de las empresas involucradas (Kimberly, Carvajal y Scribe), en el caso estuvieron implicadas 27 personas naturales, funcionarios o exfuncionarios de las compañías: 14 de Carvajal, 10 de Scribe y tres de Kimberly. De ese total, fueron sancionadas 24 personas naturales, con multas que van desde $3 millones hasta $311 millones. En estos casos, las multas máximas son de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las opiniones
Emilio José Archila
Apoderado de Carvajal
“Presentaremos el recurso de reposición y esperamos que la Superintendencia de Industria y Comercio revoque su decisión. El caso presenta deficiencias graves en testimonios, tienen múltiples inconsistencias”.
Pablo Felipe Robledo
Superintendente de Industria y Comercio
“El propósito de la lucha contra la cartelización empresarial no es otro que sanear nuestra economía de prácticas anticompetitivas que redundan en perjuicios contra el bienestar general del consumidor”.
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