jueves, 26 de febrero de 2015
La fiscal encargada para el caso, Alexandra Ladino aseguró que sería un error dejarlos en libertad pues podrían no comparecer a la justicia por este caso que afecta a más 1.000 víctimas y al patrimonio de la nación.
Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez, las cabezas principales del Fondo Premium, aceptaran su responsabilidad en los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa agravada y concierto para delinquir.
Se dio a conocer, además, que se encuentran adelantando negociaciones con el ente investigador, en aras de firmar un principio de oportunidad, por los delitos que no aceptaron y que son: captación masiva y habitual de dinero y no reintegro de el dinero captado del público. Lo anterior tendría que ser avalado por el fiscal, Eduardo Montealegre.
Para captación masiva y omisión de reintegro no aplica la detención domiciliaria y los imputados podrían pagar más de 20 años de prisión y una multa que podría llegar a 50.000 salarios mínimos legales vigentes.
Por su parte, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga negaron su responsabilidad en estos hechos.
La Fiscalía con contundentes pruebas demostró la hipótesis delictiva según la cual a través del Fondo Premium con domicilio en Curazao, se manejaron de forma irregular los recursos que habían sido invertidos por personas en Colombia y que habían sido promocionados por la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, en liquidación.
A estas personas se les dijo que se trataba de un negocio de bajo riesgo y diversificado en el exterior; pero “el dinero terminaron invertidos en Colombia para financiar empresas del grupo Interbolsa”, afirmó Ladino.
Entre estas empresas se encuentran las de Víctor Maldonado, que son Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A., Las Tres Palmas, y las empresas vinculadas con Alessandro Corridori.
Al cierre de esta edición aún seguían los implicados en audiencia ante el juez penal del circuito de Bogotá en los juzgados de Paloquemao y no se conocía la decisión final sobre la medida de aseguramiento a los implicados.
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