Arroyo Bruno

No voy a plantear ninguna opinión respecto a este nuevo debate de licenciamiento, porque, como en muchos de los casos previos es imposible reaccionar espontáneamente ante eventos que requieren mayor estudio y revisión cuidadosa del contexto, no tanto jurídico, sino social y ecosistémico. No hay que confundir nunca el prejuicio perceptivo con el sentido común, ni la voluntad colectiva con la evidencia científica.

Durante las últimas semanas he discutido acerca de conceptos citados continuamente en decisiones de ordenamiento territorial, afectadas por el impacto ambiental de una obra de infraestructura, el desarrollo agropecuario, urbano, petrolero o de minería. Los criterios de gestión ambiental basados en la integridad, conectividad e identidad ecológicas se vienen utilizando a la ligera y, de alguna manera, con la típica confusión de quien hace equivalente la temperatura con el calor y la medida de sus efectos: lo uno es la variable, lo otro, su comportamiento. Mayor o menor conectividad, integridad o identidad ecológicas no son, por tanto, ni virtudes ni defectos en sí, ya que dependen del contexto analítico y la escala de tiempo y espacio referida. Son medidas relativas en medio de un mundo que no se comporta “en promedio”, sino que evoluciona con la varianza. 

Cabe preguntarse en cada uno de los casos que se han debatido en los últimos meses cuál es el comportamiento de cada una de estas y otras variables, con la información adecuada presentada al público y debatida con propiedad técnica, reconociendo sus niveles de incertidumbre. El aspecto político de las decisiones en cada caso, igualmente relevante a la hora de tomarlas, parte de juzgar si la sociedad quiere o no aceptar las transformaciones sociales y ecológicas que cualquier proyecto humano conlleva en el territorio y para ello debe contribuir en la valoración integral de su conveniencia, no solo en su perspectiva interesada, sea financiera o ideológica. En ninguno de los dos aspectos se pueden acuñar “teorías” cada vez que se propongan cursos de acción que “no nos parezcan”. El punto de contacto es la discusión formal de los niveles de riesgo que la sociedad está dispuesta a asumir, sin llevarse por delante la capacidad de los sistemas formales de conocimiento, ya bastante debilitados.

Mover o no el Arroyo Bruno tiene por tanto dos dimensiones: su factibilidad técnica y su conveniencia política. La primera, evaluada por la licencia ambiental, la segunda, mediada por el debate acerca de la minería de carbón en La Guajira. En el caso del licenciamiento, el proceso debe ser robusto y confiable, y el conocimiento que lo soporta debe ser respaldado por la comunidad científica independiente, que tiene sus propios procesos de revisión y ajuste. En su debate no podemos seguir especulando acerca del comportamiento del agua subterránea, de las dinámicas poblacionales de la fauna o de la incidencia de las obras en los servicios ecosistémicos que de ellos se desprenden. Por eso es indispensable que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología participe y fortalezca el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres: la gestión del conocimiento no es un lujo, es un requisito. 

Debemos cambiar el modelo de intervención del territorio e incluso los fundamentos del desarrollo económico. Pero para ello necesitamos profundizar en la relación ciencia/política que hay detrás y cualificar el debate para evitar perspectivas y decisiones simples que traerán más conflicto que progreso.